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COMUNICACIÓN N.º 930-CM-18

 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: SE COMUNICA CÁMARA DIPUTADOS Y SENADORES DECLARAR EMERGENCIA ENERGÉTICA Y SUSPENDER AUMENTOS GAS, LUZ Y AGUA

 

ANTECEDENTES

 

Constitución Nacional.

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

 

Carta Orgánica Municipal.

 

Comunicación 926-CM-18.

 

Comunicación 928-CM-18.

 

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/1107.18/S/PL.

 

https://www.noticiasrionegro.com.ar/noticia/15708/sin-aliento

 

http://www.motoreconomico.com.ar/cruda-realidad/natural-morirse-de-fro-en-la-propia-casa-con-la-estafa-energtica-del-tarifazo.

 

http://www.oetec.org/nota.php?id=3148&area=1.

 

http://www.ambito.com/908113-cubrir-la-canasta-basica-cuesta—2500-mas-que-un-ano-atras.

 

http://www.perfil.com/noticias/economia/para-consumidores-libres-los-remedios-aumentaron-132-desde-2015.phtml.

 

http://undav.edu.ar/general/recursos/adjuntos/20367.pdf.

 

 

FUNDAMENTOS

 

Argentina es el país de la región con mayor incremento en el peso de los servicios públicos sobre los salarios, en los últimos tres años. El proceso de quita de subsidios sobre el precio de los servicios públicos que se inició en 2016 modificó el paradigma de la política energética. Desde la decisión de subsidiar a los segmentos socioeconómicos medios y bajos, se migró a un esquema de liberalización tarifaria, y convergencia acelerada a precios de mercado.

 

Ahora bien, lo interesante del caso es que el supuesto "ahorro" que significó para el Estado nacional este nuevo esquema tarifario, fue en realidad una brutal transferencia de recursos desde la economía doméstica de trabajadores pasivos y en actividad, hacia los sectores concentrados de la economía, ya que el estado recuperó con la quita de subsidios en las tarifas la merma de sus ingresos producto de la decisión política de rebajar impuestos y retenciones a las exportaciones a sectores agrarios, a la minería y a las grandes empresas en tanto se bajaron también, las contribuciones a la seguridad social.

 

Según un informe del observatorio de políticas públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, esta baja en los egresos del erario público, no redundaron en una suba en los desembolsos para obras públicas. De hecho, la ley de presupuesto prevé un menor esfuerzo económico en gastos de capital aplicados a la generación de fuentes de energía que el destinado en 2017, a partir de una baja del 0,1% en relación al PBI.

 

Del mismo análisis surgen datos alarmantes. Nuestro país verificó desde inicios de 2016 incrementos acumulados promedio del 920% en energía eléctrica, de casi un 2300 % en gas natural y del 683% en agua, sin contar que aún restan aplicarse aumentos de tarifas para los próximos meses. Según lo comunicado en las diferentes carteras, se esperan incrementos promedio de 56% en electricidad, 36% en gas natural y 40% en agua potable, entre otros.

 

Estudiando la evolución del peso de los principales servicios públicos (energía eléctrica, gas de red, agua potable y transporte) sobre el salario mínimo, se encuentra un incremento acumulado de 15 puntos porcentuales en los últimos tres años. Por lo cual, se pasó de una incidencia muy baja del costo tarifario sobre los salarios en 2015, (cercana al 6%), a una sustantivamente mayor, del 21%. De este modo, nuestro país fue el que mayor aumento verificó en términos de carga de los servicios públicos sobre el salario mínimo, en los últimos tres años.1

 

Ante este escenario es necesario recalcar que los servicios públicos de electricidad, gas y agua, son servicios esenciales para la vida de las personas, por tanto Derechos Humanos fundamentales y que debieran ser garantizados por el Estado, según nuestra Constitución Nacional y el enorme corpus de tratados internacionales sobre la materia.

Contrario a esto, el gobierno nacional se muestra insensible ante los efectos reales y contundentes que ya han deteriorado la calidad de vida de las personas, y en particular de las familias en situación de pobreza. Asistimos a un momento en el cual sectores amplísimos de la población y de la pequeña y mediana industria no están pudiendo hacer frente a estos incrementos.

 

Este estado de situación ha producido cambios en la priorización de los gastos. Según el ENARGAS, el consumo de gas para uso domiciliario cayó un 11% en el año 2017 a nivel país. Esto, que pretende presentarse como una toma de conciencia ciudadana en tanto cuidado de los recursos escasos, se desmiente abruptamente con los datos duros que reflejan que una enorme mayoría de los ciudadanos no está pudiendo sostener el mínimo de luz y gas necesarios para no poner en riesgo su vida.

 

En Argentina cada cuatro horas se produce una muerte por inhalación de monóxido de carbono, y durante los 4 meses invernales de 2016 los muertos por hipotermia o intoxicación por monóxido de carbono fue 20 veces superior al promedio 2010-2015. Los accidentes por monóxido de carbono crecieron de los 5/100.000 habitantes por año entre 2009-2013 a 8 casos/100.000 habitantes por año en 2016. En Río Negro el índice se elevó a 20 caso cada 100.000 habitantes por año, siendo con Neuquén las provincias patagónicas con más afectados.

 

Durante 2016 el número de casos de niños y niñas con bronquiolitis en Río Negro aumentó un 4%. La incidencia de virus respiratorios registró un aumento del 37% en el país, 44,4% en la región patagónica y 50 % en Río Negro, donde la tasa de los fallecidos confirmados por influenza es la mayor del país, resultando 580% superior a la media nacional. La inacción oficial hace razonable presumir el empeoramiento de los futuros registros.

 

Ante estos datos alarmantes es pertinente mencionar que la canasta básica alimentaria se incrementó en $ 25002 durante 2017, sin contar el incremento inflacionario acumulado de 2018, la medicina privada aumentó un 81 %3, 132 % los medicamentos a julio de 20174 y 137 % fue el incremento del transporte público en nuestra ciudad desde 2016 y al día de hoy ostenta ser el boleto más caro del país. Todo esto sumado a la pérdida acumulada del poder adquisitivo de trabajadorxs pasivos y en actividad que se seguirá incrementando durante 2018 teniendo en cuenta que los pronósticos inflacionarios estiman que el número a fin de año oscilará en un 24 % y al mismo tiempo se intenta frenar las paritarias en un 15 %.

 

Por todo esto consideramos urgente y necesario poner un freno a esta escalada de ajuste que está asfixiando particularmente a los sectores socio-económicos medios y bajos y a la pequeña y mediana industria, poniendo en riesgo la vida de las personas y los puestos de trabajo, lo cual genera un círculo económico nefasto que empobrece al pueblo y beneficia sectores concentrados de poder.

 

En suma, es necesario tomar medidas claras y contundentes por lo cual, este cuerpo legislativo debe expedirse ante la necesidad de declarar a nivel nacional la Emergencia Energética, la suspensión inmediata de los aumentos y la reversión de las tarifas a enero de 2017, tal cual lo expresan los proyectos de ley presentados en ambas cámaras y que van en ese sentido, para resguardar la vida de las personas y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

 

 

AUTORES: Concejales Ana Marks, Ramón Chiocconi y Daniel Natapof (FPV).

 

 

 

El proyecto original N.º 837/18, con las modificaciones introducidas, fue aprobado en la sesión del día 26 de abril de 2018, según consta en el Acta N.º 1094/18. Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el Art. 38 de la Carta Orgánica Municipal,

 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SANCIONA CON CARÁCTER DE

 

COMUNICACIÓN

 

 

Art. 1°)

Se comunica a las Cámaras de Diputados y Senadores necesidad de declarar la Emergencia Energética a nivel nacional en materia de luz, gas y agua.

 

Art. 2°)

Se comunica a las Cámaras de Diputados y Senadores necesidad de tratamiento y aprobación del proyecto de ley que ponga freno a los aumentos tarifarios y retrotraiga los importes de los servicios de luz, gas y agua a enero de 2017.

 

Art. 3°)

Comuníquese. Dése a publicidad. Cumplido, archívese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

http://undav.edu.ar/general/recursos/adjuntos/20367.pdf

2http://www.ambito.com/908113-cubrir-la-canasta-basica-cuesta--2500-mas-que-un-ano-atras

3http://undav.edu.ar/general/recursos/adjuntos/20367.pdf

4http://www.perfil.com/noticias/economia/para-consumidores-libres-los-remedios-aumentaron-132-desde-2015.phtml