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concejo bariloche

Los concejales debatieron este martes dos proyectos para proteger a los empresarios locales y a los usuarios de estos servicios.

En la comisión de Tránsito y Transporte, presidida por la concejal Cristina Painefil (JSB), los ediles analizaron el Proyecto de Ordenanza  Proyecto 732-17, de su autoría, para regular las agencias de alquiler de autos, estableciendo requisitos que erradiquen la competencia desleal que padece las firmas locales en relación con empresas foráneas que desembarcan sus flotas en temporada y comercializan el servicio sin habilitar los vehículos, ni tributar en el Municipio.
Painefil informó que la iniciativa surgió del trabajo conjunto con la Cámara de Alquiladora de Autos. Establece la obligatoriedad de habilitar cada unidad, fijando cánones para vehículos que lleguen en temporada y sanciones en caso de incumplimiento.
Se requerirán 15 unidades como mínimo de titularidad de la agencia (al menos una accesible para personas con discapacidad), prohibiendo los rodados adscriptos. Deberán contar con una calcomanía municipal (no de la empresa, para evitar hurtos) y predio de guarda, para evitar que los autos ocupen espacio en la vía pública.
El proyecto contempla un plazo transitorio de 5 años para adecuar la flota y, para incrementar la cobrabilidad de las multas impuestas a los usuarios, se extenderá de 24hs a 30 días el plazo de notificación. Además, prevé sanciones por la promoción –por cualquier vía- del servicio de alquiler de autos no habilitados para tal fin.
Con similar objetivo, la Comisión comenzó a debatir el Proyecto 1238-19, de Julia Fernández (JSB), que permite al Juez de Falta  tomar como prueba suficiente para imponer sanciones, la sola promoción del servicio de alquiler de vehículos para el transporte de pasajeros, que no cuenten con la habilitación comercial correspondiente.
Señaló que, mientras taxistas, remiseros y furgones de alquiler con chofer se les requiere carnet profesional, modelos modernos, tributos y controles periódicos, algunos particulares ofrecen informalmente el servicio, generando competencia desleal y poniendo en riesgo a los pasajeros.  El proyecto prevé multas y retención de licencias de conducir.
Ambas iniciativas continuarán en debate en la comisión.