La concejal Ana Marks (FpV) propuso declarar “personas no gratas” a Felipe Ayala y Ramón Ernesto Cooke, condenados a cadena perpetua y 16 años de prisión, respectivamente, por delitos aberrantes cometidos durante la última dictadura militar. Cumplen domiciliaria en Bariloche. “El beneficio es impunidad”, advirtió la edil.
Los dos proyectos de declaración de personas no gratas fueron impulsados por la Red por la Identidad de los Lagos del Sur, APDH Regional Bariloche e HIJOS Bariloche, y tomarán estado parlamentario en la próxima sesión del Concejo Municipal para repudiar la presencia de los genocidas en San Carlos de Bariloche.
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, el 17 de diciembre de 2013 impuso la pena de prisión perpetua, en cárcel común, a los coroneles retirados Carlos Andrés Stricker y Alejandro Osvaldo Marjanov y a los suboficiales retirados Felipe Ayala y Bernado Artemio Cabezón, por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra 89 víctimas y la apropiación de dos bebes nacidos en cautiverio en el centro clandestino de detención conocido como "La Escuelita".
Ayala fue imputado por su rol como guardia del centro clandestino de detención “La Escuelita”, demostrando la justicia “la magnitud de las aberraciones llevadas a cabo, su acción planificada de exterminio y la vulneración reiterada, sistemática y masiva de los derechos humanos”, afirmó Marks.
Sólo 4 días ante de esa sentencia, el Tribunal Oral Federal de la Capital Provincial de Tucumán condenó al militar Ramón Ernesto Cooke a 16 años de prisión por asociación ilícita agravada, violación de domicilio, privación ilegítima de libertad, tormentos agravado, homicidio agravado por alevosía, delitos caratulados de lesa humanidad.
Sin embargo, la concejal lamentó que actualmente Ayala “cumple su condena a prisión perpetua bajo la modalidad de domiciliaria en el Barrio Vuriloche IV” y Cooke en el Barrio Pájaro Azul. Al respecto, recordó que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y se funda en la necesidad de condena efectiva.
Otorgarles el beneficio de la prisión domiciliaria “puede implicar un retroceso en las políticas de Estado sobre Memoria, Verdad y Justicia”, evaluó, señalando que cuando los controles sobre el cumplimiento son inexistentes o sumamente laxos, “el beneficio es impunidad” e que implica la revictimización de aquellas personas “que sufrieron y fueron víctimas de genocidas que desde el Estado sembraron terror para implantar un modelo económico de exclusión y pobreza”.
Foto: Archivo Télam