Entre los fundamentos se manifiesta que “la discusión e intervenciones institucionales sobre los problemas de la niñez, adolescencia y juventud deberían tener un sentido educativo e inclusivo y no represivo y excluyente, basados en las leyes de protección de sus derechos y las convenciones internacionales que abordan esta problemática desde el trabajo multisectorial, de integración y participación en la sociedad, lo que como funcionarios de Estado, debemos resguardar a ultranza”.

Se destaca la vigencia de un modelo político “Nacional y Popular” que instrumentó con vigor políticas públicas que garantizan la educación, la movilidad ascendente, el derecho a la salud, el tratamiento especializado de las adicciones como cuestión de Estado. Es por ello que concluye que para “llegar a una propuesta legitimada es imprescindible lograr el consenso de los instrumentos y de calificados actores que trabajan en las problemáticas en cuestión, desde quienes seguramente surgirán consideraciones y aportes que contribuirán a perfeccionar la norma”.