San Carlos de Bariloche, 29 de Marzo del año 2007.

 

Sr. Presidente Comisión de Gobierno y Legales

Concejo Municipal

Ciudad de San Carlos de Bariloche.

           

            Vienen las presentes a despacho de esta Asesoría Letrada a efectos de emitir Dictamen sobre  “la capacidad jurídica del Municipio de San Carlos de Bariloche a los efectos de imponer vía ordenanza una tasa por ingreso a los CASINOS de la localidad” que hubo sido solicitado por la Presidenta de la Comisión de Gobierno y Legales Concejal Guillermina ALANIZ, y que tramita bajo el número de expediente indicado en el acápite.

 

            Que técnicamente la TASA prevista en el ordenamiento municipal vigente es, tanto por disposición de la Constitución Provincial (conf. art. 230 – inciso 4to.), tanto por disposición de la Carta Orgánica Municipal (conf. art. 101), una especie de TRIBUTO cuyo principal rasgo jurídico es la retribución a servicios, y la determinación cierta y concreta del objeto recaudatorio.

 

            Que cabe al respecto tener presente que lo que diferencia la tasa del impuesto es precisamente su vinculación con la efectiva prestación de un servicio público divisible que afecta al obligado a su pago; como un tributo cuyo hecho generador está integrado con una actividad del Estado, divisible e inherente a su soberanía, hallándose esa actividad relacionada directamente con el contribuyente (ver. Héctor B. Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 2º edición ampliada y actualizada, Ediciones DePalma, Buenos Aires, 1975, p.100).

 

            Que en materia tributaria no opera el sinalagma típico de las relaciones de cambio, lo que conduce a descartar una estricta relación entre el coste del servicio y el monto de la tasa; pero este último debe guardar una razonable proporción o relación con su hecho imponible: la prestación del servicio público divisible y los gastos que éste implica.

 

            Que en el caso de la tasa, la obligación fiscal nace en virtud de la ley. Se trata de una prestación pública coactiva respecto de la cual la voluntad o interés del obligado carece de toda virtualidad o trascendencia.

 

            Que el carácter de contraprestación patrimonial del servicio que exhibe la tasa posibilita el control de su razonabilidad, vale decir, permite apreciar si el monto de lo recaudado por su concepto guarda la debida proporcionalidad con el costo del servicio (v. en tal sentido, Considerando 7º, segundo párrafo del voto del Dr. Augusto César Belluscio, en Fallos 312:1575 y v. también Fallos 319:2211).

 

            Que prima facie, de la descripción de la voluntad legislativa contenida en el acápite anterior se desprende que el tributo pretendido, en todas sus variantes, encuentran causa en la prestación por parte del Estado de un servicio (consistente básicamente en actos de fiscalización, acción preventiva, registración y custodia) -divisibles e inherentes a su soberanía- de los que será beneficiario de un modo concreto el sujeto alcanzado por el hecho imponible y cuyo monto se deberá destinar a sufragar los costos del servicio prestado.

 

            Que el principio de legalidad tributaria -que reconoce raigambre constitucional- exige que el hecho imponible de la tasa sea objeto de una descripción más explícita (en especial aclarado que se “retribuye”). A modo de ejemplo se podrá establecer la afectación específica de los fondos que se recauden a los gastos que irrogue la prestación de algún eventual servicio por parte del Estado, vrg. información preventiva y/o campaña contra la adicción al juego (v. Fallos 312:1575; 319:2211; y también art. 16 del Modelo de Código Tributario para América Latina).

            Que teniendo fundamento la tasa, en definitiva, en el poder tributario del Estado, dicho poder en nuestro derecho, es ejercido exclusivamente a través del órgano legislativo, por medio de ley formal; se trata del principio de legalidad en materia tributaria, derivado del texto constitucional. La exclusividad de la ley en esta materia no cede.

 

            Que sería aconsejable la creación de la tasa retributiva de marras (incorporación al orden normativo) bajo los términos normativos, a instancias del Poder Ejecutivo como Poder iniciador en los términos COM.

 

            Que una vez incorporada la norma al orden positivo, se destaca que el Estado Municipal se encuentra facultado para percibir tasas por los distintos servicios que presta.

 

            Que se reitera que las tasas deben estar sujetas, obviamente a la aprobación legal (legislativa) previa correspondiente.

 

            Que el concepto, como HECHO IMPONIBLE deberá ser incorporado de manera clara y precisa.

 

            Que por otra parte, la técnica legislativa para la fijación de los importes de los tributos va en desmedro del ya citado principio de legalidad tributaria, que reclama que todos los elementos esenciales del hecho imponible estén contenidos en la ley formal (v. sentencia de la CNA Cont. Adm. Fed., Fundaria S.A. c/Estado Nacional Poder Ejecutivo Nacional - Jefatura de Gabinete de Ministros - Deci 46/01- Ley 25237 s/amparo Ley 16.986, de fecha 23-11-01, también agregada en el Anexo de Fallos).

 

            Que en efecto, es doctrina consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que sienta que ...los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro Poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas (Fallos 155:290; 248:482; 303:245 y 312:912, entre otros) y, concordantemente, que ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones (causa Eves Argentina S.A., Fallos 316:2329; v. considerando 10 y su cita, entre otros) (v. Fallos 321:380).

 

            Que corresponde, por consiguiente, que la normativa en proyecto especifique, no solo la creación, sino también las escalas, alícuotas, montos u otros elementos que permitan la determinación de la obligación fiscal.

 

            Que en el caso Delfino (v. Fallos 148:430) la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que: Existe una distinción fundamental entre la delegación de poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo, a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquéllas. Lo primero no puede hacerse, lo segundo es admitido.(ver asimismo Fallos: 247:345).

 

            Que pasando a considerar  la causa "CROWN CASINO S.A. s/Acción de Inconstitucionalidad (Ordenanzas N° 5585 y 5586- Viedma)" (Expte. N* 19960/05 -STJ) es dable recordar que el STJ. de Río Negro ha señalado que desde el caso "Marbury vs. Madison" (1803), hito decisivo en las instituciones judiciales, surge todo un cuerpo de ideas relevantes sobre el control de constitucionalidad. Alberto B. BIANCHI, en su obra "Control de Constitucionalidad", recuerda que Thomas Cooley, uno de los autores norteamericanos del siglo pasado, que la Corte Suprema ha hecho célebre entre nosotros a través de sus citas constantes, explicaba algunas de las limitaciones que tiene dicho control: “Las reglas por él expuestas se aplican, principalmente, en casos en los que corresponde analizar si los litigantes tienen lo que se denomina "standing to sue", esto es, la capacidad para accionar judicialmente. Así, la Corte Federal Norteamericana, en "Frothingham vs. Mellon" (262, U. S. 447), dijo que la parte que solicita la declaración de inconstitucionalidad de una ley debe poder probar no sólo que la misma es inválida, sino también que le causa un perjuicio directo, o que está en peligro inmediato de sufrirlo como resultado de su aplicación, y no meramente que lo sufre en forma indefinida". Continúa el autor citado, "expresando que quien probablemente mejor ha descripto las reglas a las que debe ajustarse un juez antes de declarar la inconstitucionalidad de una ley, es el Juez Brandeis, en "Ashwender vs. Tennessee Valley Authority" (297, U. S. 288)  donde, entre otras, estableció las siguientes: 1-La Corte no puede entrar a apreciar la constitucionalidad de una ley a instancia de una parte que no ha podido probar que la aplicación de ésta le ocasiona un perjuicio; y 2-Una ley siempre debe ser interpretada de tal manera de evitar en lo posible, su declaración de inconstitucionalidad" (cf. aut. op. cit., págs. 125/132, Ed. Abaco; Se. N° 671 del 27-12-02 en "ENTRETENIMIENTOS PATAGONIA S. A. s/Acción de Inconstitucionalidad (Ordenanza Nro. 1061-CM-OO Municipalidad de C. de Bariloche”, Expte. N° 15441/02-STJ).

 

                        Que respetándose los principios básicos de construcción legislativa, la constitucionalidad de la norma resultará de difícil ataque.

 

            Que como eje esencial de análisis deberán tomarse la arista autonómica municipal para definir la suerte legislativa del proyecto; por caso la autonomía municipal para legislar en la materia de habilitaciones comerciales y régimen tributario (ya referido).

 

            Que la reglamentación y la forma de ejercicio de todas las disposiciones concernientes a la moralidad pública son de competencia de las autoridades locales. En ésta, más que en otras ramas de la actividad administrativa, es necesario por la naturaleza específica de ella que el poder de policía discrimine especialmente los poderes locales como reflejo de su naturaleza eminentemente local. Esto, por cuanto es expresión de una función administrativa primaria (Bielsa, Rafael, "Principios de Derecho Administrativo", 1948, Ed. El Ateneo, ps. 602 y 756). En nuestro sistema constitucional el poder de policía es un poder local, por ser uno de los poderes no delegados al gobierno federal (Bielsa, Rafael, "Derecho Administrativo", t. IV, 1956, Ed. Depalma, p. 3).

 

            Que (según CSJN) dentro de este contexto cabe entender que las prerrogativas de los municipios derivan de las correspondientes a las provincias a las que pertenecen (art. 5 y 123 CN); y que no hay razón que autorice a desconocer la competencia ejercida por el municipio y sus poderes son plenos en tanto su ejercicio no vaya contra lo que constituye la razón de ser de la jurisdicción.

Constitución Nacional. Artículo 5°- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Artículo 123.- Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el art. 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

            Que al respecto (in re "MUNICIPALIDAD DE INGENIERO JACOBACCI c/CAMUZZI GAS DEL SUR s/ EJEC. FISCAL s/CASACION") el Superior Tribunal de la Provincia de Río Negro ha dicho que prestigiosos autores, entre los que se destacan Giuliani Fonrouge, sostienen que las municipalidades son organismos gubernamentales autónomos y en consecuencia cuentan con poderes originarios. Esta tesis se apoya en la innegable circunstancia histórica de que los municipios reconocen, en algunos casos, una existencia anterior a la creación del Estado Nacional. Precisamente, esta tesis de la autonomía municipal ha sido plasmada en la Constitución de Río Negro de 1988, en su artículo 225, la que asegura el régimen basado en su autonomía política, administrativa y económica. Y la reforma constitucional de 1994 ha hecho que ocurriera lo mismo en el artículo 123 de la Constitución Nacional al sostener que cada Provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Repárese que el texto de este artículo, modificado por las reformas de 1860 y finalmente por la de 1994 disponía en su texto anterior tan sólo que "Cada Provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto en el artículo 5." (cf. mi voto en in re: "CASINOS", Se. N* 26 del 4.04.01.

 

            Que el citado artículo 225 de la Constitución Provincial  guarda estrecha relación con las facultades consagradas en los 17 incisos del artículo 229, otorgándole a los Municipios una autonomía muy poderosa, no siendo mera declaración formalista, sino absolutamente concreta.

 

            Que en tal sentido, Enrique José Marchiaro señala que el artículo 225, 2º parte de la Constitución de Río Negro adopta un concepto clave, en tanto establece que la Provincia no puede vulnerar la autonomía municipal consagrada en la Constitución y en caso de superposición o normativa contradictoria inferior a la Constitución, prevalece la legislación del municipio en materia específicamente comunal. Agrega el autor que la autonomía municipal, a partir de la reforma de 1994, ha quedado reconocida definitivamente en el orden jurídico nacional, teniendo como su punto de partida el nuevo artículo 123 de la Constitución Nacional.

 

            Que de la lectura del diario de sesiones de la Convención Constituyente se desprende un elevado consenso entre los convencionales sobre la necesidad de consagrar dicha autonomía, con fundamentación a partir de enfoques de la descentralización del poder, la democratización, del vecinalismo, del principio de subsidiariedad, de la autonomía jurídica, el proceso constitucional de las provincias y lo tributario.

 

            Que la conceptualización jurídica correcta del término autonomía ya no se dará en el cerrado marco secular del debate autonomía-autarquía, teniéndose en cuenta que los debates conceptuales en derecho no son puramente doctrinarios sino que encierran consecuencias sociales, lo que obliga a la prudencia en el terreno institucional (Marchiaro, Enrique José; "Derecho Municipal", Ed. Ediar, págs. 45 y ss.; cf.: "Casinos", Se. N* 26 del 4.04.01).

 

            Que de todos modos, en el caso concreto de los Municipios, la Corte Suprema de Justicia Nacional en el precedente "Estado Nacional (Estado Mayor General del Ejército) c/Chaco, Provincia del s/Inconstitucionalidad", reconoce el carácter autónomo de los mismos (Fallos 312:326) estableciendo que no son identificables con el Estado Provincial (cf. Carlos M. Lamoglia, "Las Ordenanzas Municipales", La Ley Buenos Aires, N* 8 - septiembre 2001, pág. 1003).

 

            Que en concordancia con dicho precedente -sin perjuicio de cómo se resolvieran en definitiva las cuestiones allí planteadas-, en los autos: "Telefónica c/Municipalidad de General Pico", de fecha 27.02.97, el Máximo Tribunal de la Nación, en la parte final de la sentencia, dejó a salvo la posibilidad de que la Empresa pueda ser alcanzada por la normativa municipal, sin exceder el ámbito de sus atribuciones (CSJN. Fallos 320:169).

 

            Que por su parte, en el precedente "Telefónica de Argentina vs. Municipalidad de Chascomús" del 18.04.97, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se expresó con claridad tanto sobre la facultad del Municipio para legislar e imponer tasas y/o gabelas, como sobre la necesidad de demostrar -para quien intente oponerse al pago de ellas-, el perjuicio sufrido. Al respecto, en dicho precedente, el Supremo Tribunal de la Nación, nos remite para resolver la cuestión de competencia planteada, a los fundamentos y conclusiones del Procurador General de la Nación, quien para declarar la competencia federal nos remite a su vez a los términos que surgen de los fallos: 316:1777 y M.958, L.XXXVI, "Municipalidad de Florencio Varela c/Telefónica de Argentina S.A." del 20.12.94 .-Asimismo, expresa: "... que la solución referida se corresponde con la adoptada en otros pronunciamientos, tanto anteriores (v. gr. Competencia N* 775-XXII "Provincia de Salta c/Compañía Argentina de Teléfonos S.A. s/Acción de Amparo", del 23 de octubre de 1990 y los registrados en Fallos: 304:1186; 314:848) como posteriores (Fallos 320:162; 321:1074 y la competencia 807, L.XXXIII "Municipalidad de General Rodríguez c/Telefónica de Argentina S.A. s/Apremio", del 7 de Mayo de 1998).

 

            Que en el caso de autos estamos en presencia de una futura Ordenanza Municipal eventualmente a dictarse en el legítimo ejercicio de las funciones que constitucionalmente se le han asignado al Concejo Deliberante Municipal (conf. disposición de la Constitución Provincial (conf. art. 230 – inciso 4to); disposición de la Carta Orgánica Municipal (conf. art. 101)).

 

            Que la CSJN., con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, ya había reconocido la autonomía de los municipios por estimarla más adecuada a su naturaleza institucional y a los rasgos que los distinguen, dejando sentado que el aseguramiento de su régimen determina que estén dotados de las atribuciones necesarias para el desempeño de su cometido (Dictamen Proc. General en P. 95. XXXIX., “Ponce, Carlos Alberto c/San Luis, Provincia de s/Acción declarativa de certeza”).

 

            Que "la necesaria existencia de un régimen municipal impuesta por el art. 5 de la Constitución determina que las leyes provinciales no sólo no puedan legítimamente omitir establecerlos sino que tampoco puedan privarlos de las atribuciones mínimas necesarias para el desempeño de su cometido…si (tales entes) se encontrasen sujetos en esos aspectos a las decisiones de una autoridad extraña -aunque se tratara de la provincial- ésta podría llegar a impedirles el cumplimiento de sus funciones…" (Fallos: 312:326, considerando 9º; Dictamen Proc. General en P. 95. XXXIX., “Ponce, Carlos Alberto c/San Luis, Provincia de s/Acción declarativa de certeza”). Reconocido tal carácter a los municipios por la Constitución Nacional, es necesario desentrañar las facultades que ésta confirió a las Provincias para regular su alcance, a efectos de armonizarlas con las garantías consagradas en la cláusula aludida. En ese orden de ideas, el límite fundamental para determinar el ámbito de legitimidad y de legalidad de las autonomías de los municipios en los referidos órdenes institucional, político, administrativo y financiero, se encuentra en el principio de razonabilidad contenido en el art. 28 de aquella Carta, en virtud del cual las Constituciones Provinciales no pueden, bajo la apariencia de reglamentar tal autonomía, transponer los límites de lo racional y razonable para la vigencia efectiva de los municipios. No se trata, entonces, de imponer un alcance determinado a la autonomía municipal, pues ello es atribución del constituyente provincial, sino que una vez ejercido ese poder, las autoridades constituidas respeten el grado de autonomía asignado a los diferentes niveles de gobierno (Dictamen Proc. General en P. 95. XXXIX., “Ponce, Carlos Alberto c/San Luis, Provincia de s/Acción declarativa de certeza”).

 

            Que resulta "necesario preservar el derecho de usar todos los medios o instrumentos que conduzcan al logro legítimo de sus intereses específicos definidos por las leyes o las Constituciones provinciales para no frustrar aquel mandato que la Ley Fundamental de la Nación impone y que, de no ser así, se convertiría en un postulado teórico con menoscabo de la vivencia efectiva e indestructible de estos poderes. Por lo demás, su preservación no admite limitaciones acotadas por el grado o medida en que las autoridades provinciales franqueen el ámbito reservado a la libre disposición comunal…", aún por mínima que fuera la afectación de las instituciones, "…se autorizaría un paulatino y peligroso cercenamiento de las atribuciones municipales" (Fallos 314:495, considerando 5º del voto de los doctores Fayt, Belluscio y Petracchi en "Municipalidad de la Ciudad de Rosario c/Santa Fe, Provincia de s/Inconstitucionalidad y cobro de australes", sentencia del 4 de junio de 1991; Dictamen Proc. General en P. 95. XXXIX., “Ponce, Carlos Alberto c/San Luis, Provincia de s/Acción declarativa de certeza”).

 

            Que la protección de la autonomía municipal tiene una máxima importancia, ya que no sólo conlleva una razonable descentralización institucional, sino que además permite una relación más inmediata entre gobernante y gobernados (del voto del Dr. Lorenzetti, en P. 95. XXXIX., “Ponce, Carlos Alberto c/San Luis, Provincia de s/Acción declarativa de certeza”, SJA 3-8-2005, LexisNexis –sumarios-).

 

            Que por aplicación del principio de soberanía popular, las cuestiones relativas a la autonomía municipal y a su efectiva vigencia en la estructura del Estado Federal deben ser garantizadas, rechazándose actos y procedimientos que traduzcan el desprecio y el quebranto de las instituciones locales (ídem, SJA. 3-8-2005, LexisNexis –sumarios-).- "CAMARA ARGENTINA DE BEBIDAS ENERGETICAS s/AMPARO s/APELACIÓN" (Expte. N* 21445/06-STJ-). 

 

            Que el conflicto en materia de autonomía supera su fáctica y real conflictividad, por cuanto el artículo 5° de la Constitución Nacional, el artículo 225° de la Constitución de la Provincia de Río Negro y el artículo 2° de la Carta Orgánica Municipal garantizan expresamente la misma.

 

            Que corresponde anticipar opinión refiriendo que negar la capacidad normativa del municipio de San Carlos de Bariloche en materia de legislación de alguna especie de tasa dentro del marco de la legalidad pre descripta, sería como negar la autonomía misma y/o o el poder derivado de esta.

 

            Que si bien como se anticipó es el concepto de AUTONOMIA MUNICIPAL es el que debe primar, ha de analizarse la conducta del propio Estado Provincial a la luz del régimen de derecho público utilizado por su administración.

 

            Que la Provincia de Río Negro a través de la sanción de las Leyes Provinciales nº 48 (y modificatorias) y 4108 legisló sobre la temática del juego.

 

            Que de ningún modo se arrogó en dicha legislación facultades superiores a la de su propia capacidad parlamentaria, cuidando tal vez de manera poco feliz en la redacción, salvaguardar las jurisdicciones municipales.

 

            Que en idéntico lineamiento el Poder Ejecutivo Provincial sancionó el DECRETO Nº 1876 (B.O. 21/11/1996; pág.3), el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional Nº 5/96 para la concesión de la administración y explotación de los cuatro casi­nos provinciales con fiscalización y control del Estado Provincial, la Resolución Nº 147/96 del registro de Lotería de Río Negro, el Decreto Nº 1162/96, DECRETO N° 475 (B.O.P. 26/06/1997; pág.5), los Decretos N° 1162/96, 1876/96, la Licitación Pública N° 5/96, Expte. N° 36.049-I-96, la Resoluciones N° 260/96-1-"L" y Nº 007/97-I-'L', del registro de Lotería para Obras de Acción Social, DECRETO N" 1162/1996 (B.O.P. 15/08/1996; pág.4), la Resolución Nº 147/96 dictada por el Interventor de la Lotería para Obras de Acción Social y el Expediente Nº 35.300-I-96.

 

            Que en ninguno de los casos referidos el Estado Provincial insinuó siquiera una facultad o prerrogativa mayor a su calidad de poder concedente.

 

            Que si bien una actitud de esas características hubiera violado la autonomía municipal constitucionalmente establecida, el intento pudo estar presente.

 

            Que una posible “actual” ignorancia sería lesiva de las reglas de la buena fe, que dan fundamento a la prohibición de regreso (conf.  Dra. Alicia E. C. Ruiz)

 

            Que el principio de lealtad constitucional tiende a mejorar las relaciones de las entidades territoriales entre sí y las existentes con el Estado Nacional; en esa dinámica, el principio de lealtad toma en cuenta los intereses de esas entidades a fin de que las competencias locales no sean interferidas sin justificación constitucional plausible, priorizando la cooperación o colaboración respecto de la subordinación (conf. Dra. Alicia E. C. Ruiz).

 

            Que en autos in re TRANSGÉNICOS accionado vía “Mandamus” que tramitó ante le Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro bajo Expediente n° 18726/03-STJ, quedo explayado el criterio que ha de reinar en la materia, surgiendo suficientemente clara la vigencia actual de las normas referidas. Todo en pos del respeto a la “autonomía municipal”.

 

            Que “Los poderes o atribuciones de las municipalidades provinciales provienen de la correlativa transferencia de potestades hechas a favor de ellas por las provincias. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA , VIEDMA, RIO NEGRO Sala DE CAUSAS ORIGINARIAS (Echarren-Balladini-Maturana (Juez subrigante)) Apoderado del Partido Justicialista y otros s/ Amparo e Inconstitucionalidad s/ Competencia SENTENCIA del 4 de Mayo de 1999”

 

            Que reiterando la Constitución Provincial establece en su artículo 225° que reconoce la existencia del Municipio como una comunidad natural, célula originaria y fundamental de la organización política e institucional de la sociedad fundada en la convivencia. Asegura el régimen municipal basado en su autonomía política, administrativa y económica. Aquéllos que dictan su propia Carta Orgánica Municipal gozan además de autonomía institucional. La Provincia no puede vulnerar la autonomía municipal consagrada en la Constitución y, en caso de superposición o normativa contradictoria inferior a la Constitución, prevalece la legislación del Municipio en materia específicamente comunal.

 

            Que “La Constitución de la Provincia, en un avance realmente importante impone a la provincia delegante la obligación de no "vulnerar la autonomía municipal consagrada en esta Constitución" como un modo de consolidar y fortalecer el poder municipal conformado a lo largo de la historia provincial con las sucesivas transferencias y delegaciones de poder institucional disposición de la Constitución Provincial (conf. art. 230 – inciso 4to., y Carta Orgánica Municipal art. 101) que dieron contenido -precisamente- a la autonomía municipal en la Provincia de Río Negro. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, VIEDMA, RIO NEGRO Sala DE CAUSAS ORIGINARIAS (Echarren-Balladini-Maturana (Juez subrogante)) Apoderado del Partido Justicialista y otros s/ Amparo e Inconstitucionalidad s/ Competencia SENTENCIA del 4 de Mayo de 1999.

 

            Que recurrentemente se ha señalado en materia de autonomía la existencia de actos políticos irrespetuosos con otros Estado, a quienes les cabe el ejercicio de sus atribuciones propias dentro de la división y asignación que prevé la Constitución; y que la misión más delicada que compete a cada uno, es la de saberse mantener dentro de la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones que incumben a los otros u otras jurisdicciones, pues al ser el Estado Municipal llamado para sostener la vigencia de la Constitución y la Carta Orgánica (conf. art. 7° inc.1ro. y 4to.), un avance en desmedro de estas facultades, revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público.

            “Tenemos por sólidamente sostenido en el ámbito jurídico, que el diseño y articulación del régimen municipal en cada provincia es potestad exclusiva de cada estado federado según el art. 5 de la vieja y nueva Constitución Nacional. Se trata de una potestad exclusiva, no concurrente, no compartida, y que admite aquella diversidad conceptual en la fisonomía de la estructura y en la profundidad de la autonomía. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA , VIEDMA, RIO NEGRO Sala DE  CAUSAS ORIGINARIAS (Echarren-Balladini-Maturana (Juez subrigante)) poderado del Partido Justicialista y otros s/ Amparo e Inconstitucionalidad s/  competencia  SENTENCIA del 4 de Mayo de 1999.”

 

            Que la acción preventiva y el principio de precaución también han de ser tenidos en cuenta en el presente análisis. En este contexto, el principio de precaución se inserta en el amplio espectro de protección de la salud, teniendo asimismo en mira los intereses de los ciudadanos como consumidores (art. 42° Constitución de la Nación), en función de prevenir daños a los seres humanos.

 

            Que el principio precautorio puede tener en una de sus manifestaciones de política de Estado el régimen tributario de TASAS con fines determinados.

 

            “No se transgrede el principio de igualdad cuando se otorga distinto tratamiento en vista de situaciones que se estiman diferentes, y en tanto esta diferenciación no sea producto de juicios arbitrarios ni irrazonables a través de los cuales se consagren verdaderos privilegios. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA,  CORDOBA, CORDOBA; (Sesín-Kaller Orchansky-Ferrer-Lafranconi-Cafure de Battistelli-Tarditti-Rubio); Las Repetto y Cía S.R.L. c/ Municipalidad de Bell Ville s/ Acción de amparo-Apelación-Recurso directo SENTENCIA del 24 de Octubre de 2000”.

 

            Que dicho principio, en tanto incrementa fuertemente el deber de diligencia, instaura una nueva dimensión tutelar en el instituto de la responsabilidad civil: el aseguramiento de riesgos que pueden ocasionar efectos calamitosos. Así como el principio de previsión tiende a evitar un daño futuro pero cierto y mensurable, el principio de precaución introduce una óptica distinta: apunta a impedir la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos -y por lo tanto imprevisibles-. Opera en un ámbito signado por la incertidumbre (cf. Isidoro H. Goldenberg y Néstor A. Cafferatta, "El principio de precaución", JA. 2002-IV-1442, Lexis N* 0003/009138; ver además Cafferatta, Néstor, "El Principio Precautorio", Revista de Resp. Civil y Seg., La Ley, 2003, pág.420 y sgtes.).

 

            Que Roberto Andorno (El principio de precaución: un nuevo estándar jurídico para la Era Tecnológica", LL. del 18-7-2002) pone de relevancia que "el principio de precaución funciona cuando la relación causal entre una determinada tecnología y el daño temido no ha sido aún científicamente comprobada de modo pleno. Esto es precisamente lo que marca la diferencia entre la `prevención' y la `precaución'. En el caso de la `prevención', la peligrosidad de la cosa o de la actividad ya es bien conocida, y lo único que se ignora es si el daño va a producirse en un caso concreto. Un ejemplo típico de prevención está dado por las medidas dirigidas a evitar o reducir los perjuicios causados por automotores. En cambio, en el caso de la `precaución', la incertidumbre recae sobre la peligrosidad misma de la cosa, porque los conocimientos científicos son todavía insuficientes para dar respuesta acabada al respecto. Dicho de otro modo, la prevención nos coloca ante el riesgo actual, mientras que en el supuesto de la precaución estamos ante un riesgo potencial" (cf. cf. Isidoro H. Goldenberg y Néstor A. Cafferatta, "El principio de precaución", JA. 2002-IV-1442, Lexis N* 0003/009138). Se ha distinguido entre la acción preventiva y el principio de precaución. Se sostiene que la prevención es el fundamento del principio de precaución; así, se define a la prevención como la implementación de lo conducente para evitar daños. Por lo que se concluye que "las técnicas de prevención se inscriben dentro de la etapa del pre-daño" (Hutchinson, Tomás, Ed. Rubinzal-Culzoni). En cambio, el principio de precaución reclama medidas de inmediato, de urgencia, aun cuando hubiera ausencia o insuficiencia de pruebas o elementos científicos referidos al comportamiento u acción sobre la salud. Actuar en ese sentido "presupone que cualquier demora puede resultar a la larga más perjudicial que la acción temprana intempestiva".

 

            Que los problemas que plantea la relación entre la ciencia y el derecho no son, ciertamente recientes y aún no se ha encontrado ninguna respuesta satisfactoria para ellos. Pero la actual incertidumbre del riesgo corrido (y el que se hace correr) a la población no ha hecho más que reavivar este debate bajo un nuevo ángulo. Es que en la mayor parte de las situaciones de daño a la salud (ludopatía), predomina la tendencia a cuestionar la responsabilidad de los poderes públicos por su falta de precaución, es decir por su incapacidad para identificar un riesgo y prevenir oportunamente los efectos. Además cuando más avanza la investigación científica, más incertidumbre se genera: esta situación es reveladora de una cierta "crisis del derecho". Se impone entonces la necesidad de recurrir a numerosas disciplinas para "elaborar", en forma conjunta, el principio de precaución, es decir, para darle vigencia a través de la integración de la incertidumbre científica y/o técnica, como elemento a considerar en la toma de decisiones. Este movimiento, tal como lo destaca Falbo ("El rol del derecho"), traduce un fenómeno de imbricación o de encaje que conduce a una complementariedad creciente entre la ética y el derecho, entre la política y el orden jurídico.

 

            Que en este marco, el principio de precaución se inscribe dentro de los mecanismos que "imponen una obligación de actuar con prudencia frente a las incertidumbres científicas". En otras palabras, un deber de prevención, en períodos de conocimientos científicos y técnicos inciertos (cf. Isidoro H. Goldenberg y Néstor A. Cafferatta, "El principio de precaución", JA. 2002-IV-1442, Lexis N* 0003/009138).

 

            Que se puede concluir por caso que este derecho constitucional (de tercera generación según reiterada doctrina) incorporado al artículo 42° de la Constitución Nacional tutela la “salud pública” general, esfera de derechos y garantías que debe ser privilegiada frente a la invasión que pudiere formularse sobre otros derechos individuales (ya no generales) como el de “libre comercio o ejercicio de industria lícita” (CASINO) dispuesto por el artículo 14° de la Constitución Nacional.

 

            Que sin duda la latente (por incertidumbre científica) posibilidad de afectar a la población con la epidemiologìa naciente del juego patológico es un hecho que debe ser adecuadamente conducido.

             

            Que debe existir una sana convivencia de derechos, privilegiando siempre primariamente a los derechos de alcance general.

 

            Que corresponde en tal caso al legislador supremo, erguido por voluntad popular, asumir en definitiva el respeto por la vigencia preponderante de un derecho sobre otro.

 

            Que la cuestión versa en esta instancia sobre la capacidad jurídica del Concejo Municipal de sancionar una norma de las características propuesta (conf. art. 230 – inciso 4to., y Carta Orgánica Municipal art. 101), con el objetivo de que la misma no sea desbaratada posteriormente con el veto del Poder Ejecutivo Municipal y/o por intermedio de una acción judicial.

 

            Que la delegación de la Provincia de Río Negro a favor del Municipio de San Carlos de Bariloche es clara y concreta (véase Constitución Provincial art. 225).

 

            Que la COM dispone dentro de los deberes y atribuciones municipales la reglamentación de cuestiones relacionadas con la higiene y la salubridad.

 

            Que en honor al respeto de los Estados, en particular al autónomo Estado Municipal por expresa disposición de la Constitución Provincial, compete al mismo la sanción de normas de las características bajo análisis (conf. art. 230 – inciso 4to., y Carta Orgánica Municipal art. 101) si así lo dispusiere el legislador.

 

            Que constituyen manifestaciones de autonomía municipal: a) El poder constituyente, o la facultad de darse su propia Carta Orgánica; b) El poder legislativo -reglamentos y ordenanzas-; c) El poder ejecutivo; d) El poder impositivo y financiero; e) El poder jurisdiccional, etc. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA. VIEDMA, RIO NEGRO Sala DE CAUSAS ORIGINARIAS (Echarren-Balladini-Maturana (Juez subrigante)) Apoderado del Partido Justicialista y otros s/ Amparo e Inconstitucionalidad s/ Competencia SENTENCIA del 4 de Mayo de 1999”.

 

            Que resulta imposible disuadir totalmente la posibilidad de alterar la sanción de una norma municipal, ya sea por el veto, ya sea por un fallo judicial.

 

            Que la interpretación  adecuada de la hermenéutica del Derecho Público Municipal, permitirá sancionar legítimamente una norma de las características propuestas, cuyo control de legalidad quedará “como en todos los casos” sujeto al Poder Jurisdiccional.

 

            “Nuestra Constitución Provincial, en consonancia con la Constitución Nacional reformada en el año 1994, ha sentado como premisa normativa de rango constitucional que los municipios gozan de plena autonomía, por lo que no caben dudas que -acotados en la vigencia a sus respectivos territorios- se encuentran facultados para establecer sus propias instituciones, con amplias atribuciones respecto del alcance mismo del régimen que se instaure. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA , RAWSON, CHUBUT (José Luis Pasutti Fernando Royer) C., A.M.C. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Ordinario SENTENCIA del 7 de Febrero de 2006”.

 

            “El concepto de autonomía política de los municipios ha sido expresamente reconocido con características especiales en las distintas Constituciones locales y legislación consecuente, donde se señala que constituye una esencial manifestación le la autonomía municipal el poder constituyente, o sea, la facultad de darse su  propia Carta Orgánica. El diseño del régimen municipal de cada Provincia deviene entonces en esencia de facultades no delegadas a la Nación y reconocidas por el mentado art. 5 de la Constitución Nacional. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA VIEDMA, RIO NEGRO  Sala 04 (LUTZ-BALLADINI-SODERO NIEVAS (SEGéN SU FUNDAMENTO: LUTZ: F0024347, F0024348, F0024349, F0024350, F0024351, F0024352, F0024353, F0024354, F0024355 Y F0024356) (OPINION PERSONAL: SODERO NIEVAS: F0024357, F0024358, F0024359, F0024360, F0024361, F0024362, F0024363, F0024364, F0024365, F0024366, F0024367, F0024368, F0024369, F0024370, F0024371, F0024372, F0024373, F0024374, F0024375, F0024376, F0024377, F0024378, F0024379, F0024380, F0024381, F0024382, F0024383, F0024384, F0024385, F0024386, F0024387, F0024388, F0024389, F0024390, F0024391, F0024392 y F0024393)) B. S. A. s/ MANDAMUS SENTENCIA del 17 de Marzo de 2005”.

 

            Que la sanción propuesta es legítima (conf. art. 230 – inciso 4to., y Carta Orgánica Municipal art. 101), y una eventual ilegalidad deberá ingresar en el campo de las interpretaciones frente a la colisión de derechos; ámbito al cual la Justicia resulta reticente de ingresar cuando la normativa atacada por los administrados es contundente en su voluntad política, y clara en su cualidad jurídica.

 

            Mi Dictamen. 

 

(fdo. Federico LUTZ, Asesor Letrado, CM MSCB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen 606/07 ALCM

 

San Carlos de Bariloche, 29 de Marzo del año 2007.

 

Sr. Presidente Comisión de Gobierno y Legales

Concejo Municipal

Ciudad de San Carlos de Bariloche.

           

            Vienen las presentes a despacho de esta Asesoría Letrada a efectos de emitir Dictamen sobre  “la capacidad jurídica del Municipio de San Carlos de Bariloche a los efectos de imponer vía ordenanza una tasa por ingreso a los CASINOS de la localidad” que hubo sido solicitado por la Presidenta de la Comisión de Gobierno y Legales Concejal Guillermina ALANIZ, y que tramita bajo el número de expediente indicado en el acápite.

 

            Que técnicamente la TASA prevista en el ordenamiento municipal vigente es, tanto por disposición de la Constitución Provincial (conf. art. 230 – inciso 4to.), tanto por disposición de la Carta Orgánica Municipal (conf. art. 101), una especie de TRIBUTO cuyo principal rasgo jurídico es la retribución a servicios, y la determinación cierta y concreta del objeto recaudatorio.

 

            Que cabe al respecto tener presente que lo que diferencia la tasa del impuesto es precisamente su vinculación con la efectiva prestación de un servicio público divisible que afecta al obligado a su pago; como un tributo cuyo hecho generador está integrado con una actividad del Estado, divisible e inherente a su soberanía, hallándose esa actividad relacionada directamente con el contribuyente (ver. Héctor B. Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 2º edición ampliada y actualizada, Ediciones DePalma, Buenos Aires, 1975, p.100).

 

            Que en materia tributaria no opera el sinalagma típico de las relaciones de cambio, lo que conduce a descartar una estricta relación entre el coste del servicio y el monto de la tasa; pero este último debe guardar una razonable proporción o relación con su hecho imponible: la prestación del servicio público divisible y los gastos que éste implica.

 

            Que en el caso de la tasa, la obligación fiscal nace en virtud de la ley. Se trata de una prestación pública coactiva respecto de la cual la voluntad o interés del obligado carece de toda virtualidad o trascendencia.

 

            Que el carácter de contraprestación patrimonial del servicio que exhibe la tasa posibilita el control de su razonabilidad, vale decir, permite apreciar si el monto de lo recaudado por su concepto guarda la debida proporcionalidad con el costo del servicio (v. en tal sentido, Considerando 7º, segundo párrafo del voto del Dr. Augusto César Belluscio, en Fallos 312:1575 y v. también Fallos 319:2211).

 

            Que prima facie, de la descripción de la voluntad legislativa contenida en el acápite anterior se desprende que el tributo pretendido, en todas sus variantes, encuentran causa en la prestación por parte del Estado de un servicio (consistente básicamente en actos de fiscalización, acción preventiva, registración y custodia) -divisibles e inherentes a su soberanía- de los que será beneficiario de un modo concreto el sujeto alcanzado por el hecho imponible y cuyo monto se deberá destinar a sufragar los costos del servicio prestado.

 

            Que el principio de legalidad tributaria -que reconoce raigambre constitucional- exige que el hecho imponible de la tasa sea objeto de una descripción más explícita (en especial aclarado que se “retribuye”). A modo de ejemplo se podrá establecer la afectación específica de los fondos que se recauden a los gastos que irrogue la prestación de algún eventual servicio por parte del Estado, vrg. información preventiva y/o campaña contra la adicción al juego (v. Fallos 312:1575; 319:2211; y también art. 16 del Modelo de Código Tributario para América Latina).

            Que teniendo fundamento la tasa, en definitiva, en el poder tributario del Estado, dicho poder en nuestro derecho, es ejercido exclusivamente a través del órgano legislativo, por medio de ley formal; se trata del principio de legalidad en materia tributaria, derivado del texto constitucional. La exclusividad de la ley en esta materia no cede.

 

            Que sería aconsejable la creación de la tasa retributiva de marras (incorporación al orden normativo) bajo los términos normativos, a instancias del Poder Ejecutivo como Poder iniciador en los términos COM.

 

            Que una vez incorporada la norma al orden positivo, se destaca que el Estado Municipal se encuentra facultado para percibir tasas por los distintos servicios que presta.

 

            Que se reitera que las tasas deben estar sujetas, obviamente a la aprobación legal (legislativa) previa correspondiente.

 

            Que el concepto, como HECHO IMPONIBLE deberá ser incorporado de manera clara y precisa.

 

            Que por otra parte, la técnica legislativa para la fijación de los importes de los tributos va en desmedro del ya citado principio de legalidad tributaria, que reclama que todos los elementos esenciales del hecho imponible estén contenidos en la ley formal (v. sentencia de la CNA Cont. Adm. Fed., Fundaria S.A. c/Estado Nacional Poder Ejecutivo Nacional - Jefatura de Gabinete de Ministros - Deci 46/01- Ley 25237 s/amparo Ley 16.986, de fecha 23-11-01, también agregada en el Anexo de Fallos).

 

            Que en efecto, es doctrina consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que sienta que ...los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro Poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas (Fallos 155:290; 248:482; 303:245 y 312:912, entre otros) y, concordantemente, que ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones (causa Eves Argentina S.A., Fallos 316:2329; v. considerando 10 y su cita, entre otros) (v. Fallos 321:380).

 

            Que corresponde, por consiguiente, que la normativa en proyecto especifique, no solo la creación, sino también las escalas, alícuotas, montos u otros elementos que permitan la determinación de la obligación fiscal.

 

            Que en el caso Delfino (v. Fallos 148:430) la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que: Existe una distinción fundamental entre la delegación de poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo, a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquéllas. Lo primero no puede hacerse, lo segundo es admitido.(ver asimismo Fallos: 247:345).

 

            Que pasando a considerar  la causa "CROWN CASINO S.A. s/Acción de Inconstitucionalidad (Ordenanzas N° 5585 y 5586- Viedma)" (Expte. N* 19960/05 -STJ) es dable recordar que el STJ. de Río Negro ha señalado que desde el caso "Marbury vs. Madison" (1803), hito decisivo en las instituciones judiciales, surge todo un cuerpo de ideas relevantes sobre el control de constitucionalidad. Alberto B. BIANCHI, en su obra "Control de Constitucionalidad", recuerda que Thomas Cooley, uno de los autores norteamericanos del siglo pasado, que la Corte Suprema ha hecho célebre entre nosotros a través de sus citas constantes, explicaba algunas de las limitaciones que tiene dicho control: “Las reglas por él expuestas se aplican, principalmente, en casos en los que corresponde analizar si los litigantes tienen lo que se denomina "standing to sue", esto es, la capacidad para accionar judicialmente. Así, la Corte Federal Norteamericana, en "Frothingham vs. Mellon" (262, U. S. 447), dijo que la parte que solicita la declaración de inconstitucionalidad de una ley debe poder probar no sólo que la misma es inválida, sino también que le causa un perjuicio directo, o que está en peligro inmediato de sufrirlo como resultado de su aplicación, y no meramente que lo sufre en forma indefinida". Continúa el autor citado, "expresando que quien probablemente mejor ha descripto las reglas a las que debe ajustarse un juez antes de declarar la inconstitucionalidad de una ley, es el Juez Brandeis, en "Ashwender vs. Tennessee Valley Authority" (297, U. S. 288)  donde, entre otras, estableció las siguientes: 1-La Corte no puede entrar a apreciar la constitucionalidad de una ley a instancia de una parte que no ha podido probar que la aplicación de ésta le ocasiona un perjuicio; y 2-Una ley siempre debe ser interpretada de tal manera de evitar en lo posible, su declaración de inconstitucionalidad" (cf. aut. op. cit., págs. 125/132, Ed. Abaco; Se. N° 671 del 27-12-02 en "ENTRETENIMIENTOS PATAGONIA S. A. s/Acción de Inconstitucionalidad (Ordenanza Nro. 1061-CM-OO Municipalidad de C. de Bariloche”, Expte. N° 15441/02-STJ).

 

                        Que respetándose los principios básicos de construcción legislativa, la constitucionalidad de la norma resultará de difícil ataque.

 

            Que como eje esencial de análisis deberán tomarse la arista autonómica municipal para definir la suerte legislativa del proyecto; por caso la autonomía municipal para legislar en la materia de habilitaciones comerciales y régimen tributario (ya referido).

 

            Que la reglamentación y la forma de ejercicio de todas las disposiciones concernientes a la moralidad pública son de competencia de las autoridades locales. En ésta, más que en otras ramas de la actividad administrativa, es necesario por la naturaleza específica de ella que el poder de policía discrimine especialmente los poderes locales como reflejo de su naturaleza eminentemente local. Esto, por cuanto es expresión de una función administrativa primaria (Bielsa, Rafael, "Principios de Derecho Administrativo", 1948, Ed. El Ateneo, ps. 602 y 756). En nuestro sistema constitucional el poder de policía es un poder local, por ser uno de los poderes no delegados al gobierno federal (Bielsa, Rafael, "Derecho Administrativo", t. IV, 1956, Ed. Depalma, p. 3).

 

            Que (según CSJN) dentro de este contexto cabe entender que las prerrogativas de los municipios derivan de las correspondientes a las provincias a las que pertenecen (art. 5 y 123 CN); y que no hay razón que autorice a desconocer la competencia ejercida por el municipio y sus poderes son plenos en tanto su ejercicio no vaya contra lo que constituye la razón de ser de la jurisdicción.

Constitución Nacional. Artículo 5°- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Artículo 123.- Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el art. 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

            Que al respecto (in re "MUNICIPALIDAD DE INGENIERO JACOBACCI c/CAMUZZI GAS DEL SUR s/ EJEC. FISCAL s/CASACION") el Superior Tribunal de la Provincia de Río Negro ha dicho que prestigiosos autores, entre los que se destacan Giuliani Fonrouge, sostienen que las municipalidades son organismos gubernamentales autónomos y en consecuencia cuentan con poderes originarios. Esta tesis se apoya en la innegable circunstancia histórica de que los municipios reconocen, en algunos casos, una existencia anterior a la creación del Estado Nacional. Precisamente, esta tesis de la autonomía municipal ha sido plasmada en la Constitución de Río Negro de 1988, en su artículo 225, la que asegura el régimen basado en su autonomía política, administrativa y económica. Y la reforma constitucional de 1994 ha hecho que ocurriera lo mismo en el artículo 123 de la Constitución Nacional al sostener que cada Provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Repárese que el texto de este artículo, modificado por las reformas de 1860 y finalmente por la de 1994 disponía en su texto anterior tan sólo que "Cada Provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto en el artículo 5." (cf. mi voto en in re: "CASINOS", Se. N* 26 del 4.04.01.

 

            Que el citado artículo 225 de la Constitución Provincial  guarda estrecha relación con las facultades consagradas en los 17 incisos del artículo 229, otorgándole a los Municipios una autonomía muy poderosa, no siendo mera declaración formalista, sino absolutamente concreta.

 

            Que en tal sentido, Enrique José Marchiaro señala que el artículo 225, 2º parte de la Constitución de Río Negro adopta un concepto clave, en tanto establece que la Provincia no puede vulnerar la autonomía municipal consagrada en la Constitución y en caso de superposición o normativa contradictoria inferior a la Constitución, prevalece la legislación del municipio en materia específicamente comunal. Agrega el autor que la autonomía municipal, a partir de la reforma de 1994, ha quedado reconocida definitivamente en el orden jurídico nacional, teniendo como su punto de partida el nuevo artículo 123 de la Constitución Nacional.

 

            Que de la lectura del diario de sesiones de la Convención Constituyente se desprende un elevado consenso entre los convencionales sobre la necesidad de consagrar dicha autonomía, con fundamentación a partir de enfoques de la descentralización del poder, la democratización, del vecinalismo, del principio de subsidiariedad, de la autonomía jurídica, el proceso constitucional de las provincias y lo tributario.

 

            Que la conceptualización jurídica correcta del término autonomía ya no se dará en el cerrado marco secular del debate autonomía-autarquía, teniéndose en cuenta que los debates conceptuales en derecho no son puramente doctrinarios sino que encierran consecuencias sociales, lo que obliga a la prudencia en el terreno institucional (Marchiaro, Enrique José; "Derecho Municipal", Ed. Ediar, págs. 45 y ss.; cf.: "Casinos", Se. N* 26 del 4.04.01).

 

            Que de todos modos, en el caso concreto de los Municipios, la Corte Suprema de Justicia Nacional en el precedente "Estado Nacional (Estado Mayor General del Ejército) c/Chaco, Provincia del s/Inconstitucionalidad", reconoce el carácter autónomo de los mismos (Fallos 312:326) estableciendo que no son identificables con el Estado Provincial (cf. Carlos M. Lamoglia, "Las Ordenanzas Municipales", La Ley Buenos Aires, N* 8 - septiembre 2001, pág. 1003).

 

            Que en concordancia con dicho precedente -sin perjuicio de cómo se resolvieran en definitiva las cuestiones allí planteadas-, en los autos: "Telefónica c/Municipalidad de General Pico", de fecha 27.02.97, el Máximo Tribunal de la Nación, en la parte final de la sentencia, dejó a salvo la posibilidad de que la Empresa pueda ser alcanzada por la normativa municipal, sin exceder el ámbito de sus atribuciones (CSJN. Fallos 320:169).

 

            Que por su parte, en el precedente "Telefónica de Argentina vs. Municipalidad de Chascomús" del 18.04.97, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se expresó con claridad tanto sobre la facultad del Municipio para legislar e imponer tasas y/o gabelas, como sobre la necesidad de demostrar -para quien intente oponerse al pago de ellas-, el perjuicio sufrido. Al respecto, en dicho precedente, el Supremo Tribunal de la Nación, nos remite para resolver la cuestión de competencia planteada, a los fundamentos y conclusiones del Procurador General de la Nación, quien para declarar la competencia federal nos remite a su vez a los términos que surgen de los fallos: 316:1777 y M.958, L.XXXVI, "Municipalidad de Florencio Varela c/Telefónica de Argentina S.A." del 20.12.94 .-Asimismo, expresa: "... que la solución referida se corresponde con la adoptada en otros pronunciamientos, tanto anteriores (v. gr. Competencia N* 775-XXII "Provincia de Salta c/Compañía Argentina de Teléfonos S.A. s/Acción de Amparo", del 23 de octubre de 1990 y los registrados en Fallos: 304:1186; 314:848) como posteriores (Fallos 320:162; 321:1074 y la competencia 807, L.XXXIII "Municipalidad de General Rodríguez c/Telefónica de Argentina S.A. s/Apremio", del 7 de Mayo de 1998).

 

            Que en el caso de autos estamos en presencia de una futura Ordenanza Municipal eventualmente a dictarse en el legítimo ejercicio de las funciones que constitucionalmente se le han asignado al Concejo Deliberante Municipal (conf. disposición de la Constitución Provincial (conf. art. 230 – inciso 4to); disposición de la Carta Orgánica Municipal (conf. art. 101)).

 

            Que la CSJN., con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, ya había reconocido la autonomía de los municipios por estimarla más adecuada a su naturaleza institucional y a los rasgos que los distinguen, dejando sentado que el aseguramiento de su régimen determina que estén dotados de las atribuciones necesarias para el desempeño de su cometido (Dictamen Proc. General en P. 95. XXXIX., “Ponce, Carlos Alberto c/San Luis, Provincia de s/Acción declarativa de certeza”).

 

            Que "la necesaria existencia de un régimen municipal impuesta por el art. 5 de la Constitución determina que las leyes provinciales no sólo no puedan legítimamente omitir establecerlos sino que tampoco puedan privarlos de las atribuciones mínimas necesarias para el desempeño de su cometido…si (tales entes) se encontrasen sujetos en esos aspectos a las decisiones de una autoridad extraña -aunque se tratara de la provincial- ésta podría llegar a impedirles el cumplimiento de sus funciones…" (Fallos: 312:326, considerando 9º; Dictamen Proc. General en P. 95. XXXIX., “Ponce, Carlos Alberto c/San Luis, Provincia de s/Acción declarativa de certeza”). Reconocido tal carácter a los municipios por la Constitución Nacional, es necesario desentrañar las facultades que ésta confirió a las Provincias para regular su alcance, a efectos de armonizarlas con las garantías consagradas en la cláusula aludida. En ese orden de ideas, el límite fundamental para determinar el ámbito de legitimidad y de legalidad de las autonomías de los municipios en los referidos órdenes institucional, político, administrativo y financiero, se encuentra en el principio de razonabilidad contenido en el art. 28 de aquella Carta, en virtud del cual las Constituciones Provinciales no pueden, bajo la apariencia de reglamentar tal autonomía, transponer los límites de lo racional y razonable para la vigencia efectiva de los municipios. No se trata, entonces, de imponer un alcance determinado a la autonomía municipal, pues ello es atribución del constituyente provincial, sino que una vez ejercido ese poder, las autoridades constituidas respeten el grado de autonomía asignado a los diferentes niveles de gobierno (Dictamen Proc. General en P. 95. XXXIX., “Ponce, Carlos Alberto c/San Luis, Provincia de s/Acción declarativa de certeza”).

 

            Que resulta "necesario preservar el derecho de usar todos los medios o instrumentos que conduzcan al logro legítimo de sus intereses específicos definidos por las leyes o las Constituciones provinciales para no frustrar aquel mandato que la Ley Fundamental de la Nación impone y que, de no ser así, se convertiría en un postulado teórico con menoscabo de la vivencia efectiva e indestructible de estos poderes. Por lo demás, su preservación no admite limitaciones acotadas por el grado o medida en que las autoridades provinciales franqueen el ámbito reservado a la libre disposición comunal…", aún por mínima que fuera la afectación de las instituciones, "…se autorizaría un paulatino y peligroso cercenamiento de las atribuciones municipales" (Fallos 314:495, considerando 5º del voto de los doctores Fayt, Belluscio y Petracchi en "Municipalidad de la Ciudad de Rosario c/Santa Fe, Provincia de s/Inconstitucionalidad y cobro de australes", sentencia del 4 de junio de 1991; Dictamen Proc. General en P. 95. XXXIX., “Ponce, Carlos Alberto c/San Luis, Provincia de s/Acción declarativa de certeza”).

 

            Que la protección de la autonomía municipal tiene una máxima importancia, ya que no sólo conlleva una razonable descentralización institucional, sino que además permite una relación más inmediata entre gobernante y gobernados (del voto del Dr. Lorenzetti, en P. 95. XXXIX., “Ponce, Carlos Alberto c/San Luis, Provincia de s/Acción declarativa de certeza”, SJA 3-8-2005, LexisNexis –sumarios-).

 

            Que por aplicación del principio de soberanía popular, las cuestiones relativas a la autonomía municipal y a su efectiva vigencia en la estructura del Estado Federal deben ser garantizadas, rechazándose actos y procedimientos que traduzcan el desprecio y el quebranto de las instituciones locales (ídem, SJA. 3-8-2005, LexisNexis –sumarios-).- "CAMARA ARGENTINA DE BEBIDAS ENERGETICAS s/AMPARO s/APELACIÓN" (Expte. N* 21445/06-STJ-). 

 

            Que el conflicto en materia de autonomía supera su fáctica y real conflictividad, por cuanto el artículo 5° de la Constitución Nacional, el artículo 225° de la Constitución de la Provincia de Río Negro y el artículo 2° de la Carta Orgánica Municipal garantizan expresamente la misma.

 

            Que corresponde anticipar opinión refiriendo que negar la capacidad normativa del municipio de San Carlos de Bariloche en materia de legislación de alguna especie de tasa dentro del marco de la legalidad pre descripta, sería como negar la autonomía misma y/o o el poder derivado de esta.

 

            Que si bien como se anticipó es el concepto de AUTONOMIA MUNICIPAL es el que debe primar, ha de analizarse la conducta del propio Estado Provincial a la luz del régimen de derecho público utilizado por su administración.

 

            Que la Provincia de Río Negro a través de la sanción de las Leyes Provinciales nº 48 (y modificatorias) y 4108 legisló sobre la temática del juego.

 

            Que de ningún modo se arrogó en dicha legislación facultades superiores a la de su propia capacidad parlamentaria, cuidando tal vez de manera poco feliz en la redacción, salvaguardar las jurisdicciones municipales.

 

            Que en idéntico lineamiento el Poder Ejecutivo Provincial sancionó el DECRETO Nº 1876 (B.O. 21/11/1996; pág.3), el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional Nº 5/96 para la concesión de la administración y explotación de los cuatro casi­nos provinciales con fiscalización y control del Estado Provincial, la Resolución Nº 147/96 del registro de Lotería de Río Negro, el Decreto Nº 1162/96, DECRETO N° 475 (B.O.P. 26/06/1997; pág.5), los Decretos N° 1162/96, 1876/96, la Licitación Pública N° 5/96, Expte. N° 36.049-I-96, la Resoluciones N° 260/96-1-"L" y Nº 007/97-I-'L', del registro de Lotería para Obras de Acción Social, DECRETO N" 1162/1996 (B.O.P. 15/08/1996; pág.4), la Resolución Nº 147/96 dictada por el Interventor de la Lotería para Obras de Acción Social y el Expediente Nº 35.300-I-96.

 

            Que en ninguno de los casos referidos el Estado Provincial insinuó siquiera una facultad o prerrogativa mayor a su calidad de poder concedente.

 

            Que si bien una actitud de esas características hubiera violado la autonomía municipal constitucionalmente establecida, el intento pudo estar presente.

 

            Que una posible “actual” ignorancia sería lesiva de las reglas de la buena fe, que dan fundamento a la prohibición de regreso (conf.  Dra. Alicia E. C. Ruiz)

 

            Que el principio de lealtad constitucional tiende a mejorar las relaciones de las entidades territoriales entre sí y las existentes con el Estado Nacional; en esa dinámica, el principio de lealtad toma en cuenta los intereses de esas entidades a fin de que las competencias locales no sean interferidas sin justificación constitucional plausible, priorizando la cooperación o colaboración respecto de la subordinación (conf. Dra. Alicia E. C. Ruiz).

 

            Que en autos in re TRANSGÉNICOS accionado vía “Mandamus” que tramitó ante le Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro bajo Expediente n° 18726/03-STJ, quedo explayado el criterio que ha de reinar en la materia, surgiendo suficientemente clara la vigencia actual de las normas referidas. Todo en pos del respeto a la “autonomía municipal”.

 

            Que “Los poderes o atribuciones de las municipalidades provinciales provienen de la correlativa transferencia de potestades hechas a favor de ellas por las provincias. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA , VIEDMA, RIO NEGRO Sala DE CAUSAS ORIGINARIAS (Echarren-Balladini-Maturana (Juez subrigante)) Apoderado del Partido Justicialista y otros s/ Amparo e Inconstitucionalidad s/ Competencia SENTENCIA del 4 de Mayo de 1999”

 

            Que reiterando la Constitución Provincial establece en su artículo 225° que reconoce la existencia del Municipio como una comunidad natural, célula originaria y fundamental de la organización política e institucional de la sociedad fundada en la convivencia. Asegura el régimen municipal basado en su autonomía política, administrativa y económica. Aquéllos que dictan su propia Carta Orgánica Municipal gozan además de autonomía institucional. La Provincia no puede vulnerar la autonomía municipal consagrada en la Constitución y, en caso de superposición o normativa contradictoria inferior a la Constitución, prevalece la legislación del Municipio en materia específicamente comunal.

 

            Que “La Constitución de la Provincia, en un avance realmente importante impone a la provincia delegante la obligación de no "vulnerar la autonomía municipal consagrada en esta Constitución" como un modo de consolidar y fortalecer el poder municipal conformado a lo largo de la historia provincial con las sucesivas transferencias y delegaciones de poder institucional disposición de la Constitución Provincial (conf. art. 230 – inciso 4to., y Carta Orgánica Municipal art. 101) que dieron contenido -precisamente- a la autonomía municipal en la Provincia de Río Negro. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, VIEDMA, RIO NEGRO Sala DE CAUSAS ORIGINARIAS (Echarren-Balladini-Maturana (Juez subrogante)) Apoderado del Partido Justicialista y otros s/ Amparo e Inconstitucionalidad s/ Competencia SENTENCIA del 4 de Mayo de 1999.

 

            Que recurrentemente se ha señalado en materia de autonomía la existencia de actos políticos irrespetuosos con otros Estado, a quienes les cabe el ejercicio de sus atribuciones propias dentro de la división y asignación que prevé la Constitución; y que la misión más delicada que compete a cada uno, es la de saberse mantener dentro de la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones que incumben a los otros u otras jurisdicciones, pues al ser el Estado Municipal llamado para sostener la vigencia de la Constitución y la Carta Orgánica (conf. art. 7° inc.1ro. y 4to.), un avance en desmedro de estas facultades, revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público.

            “Tenemos por sólidamente sostenido en el ámbito jurídico, que el diseño y articulación del régimen municipal en cada provincia es potestad exclusiva de cada estado federado según el art. 5 de la vieja y nueva Constitución Nacional. Se trata de una potestad exclusiva, no concurrente, no compartida, y que admite aquella diversidad conceptual en la fisonomía de la estructura y en la profundidad de la autonomía. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA , VIEDMA, RIO NEGRO Sala DE  CAUSAS ORIGINARIAS (Echarren-Balladini-Maturana (Juez subrigante)) poderado del Partido Justicialista y otros s/ Amparo e Inconstitucionalidad s/  competencia  SENTENCIA del 4 de Mayo de 1999.”

 

            Que la acción preventiva y el principio de precaución también han de ser tenidos en cuenta en el presente análisis. En este contexto, el principio de precaución se inserta en el amplio espectro de protección de la salud, teniendo asimismo en mira los intereses de los ciudadanos como consumidores (art. 42° Constitución de la Nación), en función de prevenir daños a los seres humanos.

 

            Que el principio precautorio puede tener en una de sus manifestaciones de política de Estado el régimen tributario de TASAS con fines determinados.

 

            “No se transgrede el principio de igualdad cuando se otorga distinto tratamiento en vista de situaciones que se estiman diferentes, y en tanto esta diferenciación no sea producto de juicios arbitrarios ni irrazonables a través de los cuales se consagren verdaderos privilegios. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA,  CORDOBA, CORDOBA; (Sesín-Kaller Orchansky-Ferrer-Lafranconi-Cafure de Battistelli-Tarditti-Rubio); Las Repetto y Cía S.R.L. c/ Municipalidad de Bell Ville s/ Acción de amparo-Apelación-Recurso directo SENTENCIA del 24 de Octubre de 2000”.

 

            Que dicho principio, en tanto incrementa fuertemente el deber de diligencia, instaura una nueva dimensión tutelar en el instituto de la responsabilidad civil: el aseguramiento de riesgos que pueden ocasionar efectos calamitosos. Así como el principio de previsión tiende a evitar un daño futuro pero cierto y mensurable, el principio de precaución introduce una óptica distinta: apunta a impedir la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos -y por lo tanto imprevisibles-. Opera en un ámbito signado por la incertidumbre (cf. Isidoro H. Goldenberg y Néstor A. Cafferatta, "El principio de precaución", JA. 2002-IV-1442, Lexis N* 0003/009138; ver además Cafferatta, Néstor, "El Principio Precautorio", Revista de Resp. Civil y Seg., La Ley, 2003, pág.420 y sgtes.).

 

            Que Roberto Andorno (El principio de precaución: un nuevo estándar jurídico para la Era Tecnológica", LL. del 18-7-2002) pone de relevancia que "el principio de precaución funciona cuando la relación causal entre una determinada tecnología y el daño temido no ha sido aún científicamente comprobada de modo pleno. Esto es precisamente lo que marca la diferencia entre la `prevención' y la `precaución'. En el caso de la `prevención', la peligrosidad de la cosa o de la actividad ya es bien conocida, y lo único que se ignora es si el daño va a producirse en un caso concreto. Un ejemplo típico de prevención está dado por las medidas dirigidas a evitar o reducir los perjuicios causados por automotores. En cambio, en el caso de la `precaución', la incertidumbre recae sobre la peligrosidad misma de la cosa, porque los conocimientos científicos son todavía insuficientes para dar respuesta acabada al respecto. Dicho de otro modo, la prevención nos coloca ante el riesgo actual, mientras que en el supuesto de la precaución estamos ante un riesgo potencial" (cf. cf. Isidoro H. Goldenberg y Néstor A. Cafferatta, "El principio de precaución", JA. 2002-IV-1442, Lexis N* 0003/009138). Se ha distinguido entre la acción preventiva y el principio de precaución. Se sostiene que la prevención es el fundamento del principio de precaución; así, se define a la prevención como la implementación de lo conducente para evitar daños. Por lo que se concluye que "las técnicas de prevención se inscriben dentro de la etapa del pre-daño" (Hutchinson, Tomás, Ed. Rubinzal-Culzoni). En cambio, el principio de precaución reclama medidas de inmediato, de urgencia, aun cuando hubiera ausencia o insuficiencia de pruebas o elementos científicos referidos al comportamiento u acción sobre la salud. Actuar en ese sentido "presupone que cualquier demora puede resultar a la larga más perjudicial que la acción temprana intempestiva".

 

            Que los problemas que plantea la relación entre la ciencia y el derecho no son, ciertamente recientes y aún no se ha encontrado ninguna respuesta satisfactoria para ellos. Pero la actual incertidumbre del riesgo corrido (y el que se hace correr) a la población no ha hecho más que reavivar este debate bajo un nuevo ángulo. Es que en la mayor parte de las situaciones de daño a la salud (ludopatía), predomina la tendencia a cuestionar la responsabilidad de los poderes públicos por su falta de precaución, es decir por su incapacidad para identificar un riesgo y prevenir oportunamente los efectos. Además cuando más avanza la investigación científica, más incertidumbre se genera: esta situación es reveladora de una cierta "crisis del derecho". Se impone entonces la necesidad de recurrir a numerosas disciplinas para "elaborar", en forma conjunta, el principio de precaución, es decir, para darle vigencia a través de la integración de la incertidumbre científica y/o técnica, como elemento a considerar en la toma de decisiones. Este movimiento, tal como lo destaca Falbo ("El rol del derecho"), traduce un fenómeno de imbricación o de encaje que conduce a una complementariedad creciente entre la ética y el derecho, entre la política y el orden jurídico.

 

            Que en este marco, el principio de precaución se inscribe dentro de los mecanismos que "imponen una obligación de actuar con prudencia frente a las incertidumbres científicas". En otras palabras, un deber de prevención, en períodos de conocimientos científicos y técnicos inciertos (cf. Isidoro H. Goldenberg y Néstor A. Cafferatta, "El principio de precaución", JA. 2002-IV-1442, Lexis N* 0003/009138).

 

            Que se puede concluir por caso que este derecho constitucional (de tercera generación según reiterada doctrina) incorporado al artículo 42° de la Constitución Nacional tutela la “salud pública” general, esfera de derechos y garantías que debe ser privilegiada frente a la invasión que pudiere formularse sobre otros derechos individuales (ya no generales) como el de “libre comercio o ejercicio de industria lícita” (CASINO) dispuesto por el artículo 14° de la Constitución Nacional.

 

            Que sin duda la latente (por incertidumbre científica) posibilidad de afectar a la población con la epidemiologìa naciente del juego patológico es un hecho que debe ser adecuadamente conducido.

             

            Que debe existir una sana convivencia de derechos, privilegiando siempre primariamente a los derechos de alcance general.

 

            Que corresponde en tal caso al legislador supremo, erguido por voluntad popular, asumir en definitiva el respeto por la vigencia preponderante de un derecho sobre otro.

 

            Que la cuestión versa en esta instancia sobre la capacidad jurídica del Concejo Municipal de sancionar una norma de las características propuesta (conf. art. 230 – inciso 4to., y Carta Orgánica Municipal art. 101), con el objetivo de que la misma no sea desbaratada posteriormente con el veto del Poder Ejecutivo Municipal y/o por intermedio de una acción judicial.

 

            Que la delegación de la Provincia de Río Negro a favor del Municipio de San Carlos de Bariloche es clara y concreta (véase Constitución Provincial art. 225).

 

            Que la COM dispone dentro de los deberes y atribuciones municipales la reglamentación de cuestiones relacionadas con la higiene y la salubridad.

 

            Que en honor al respeto de los Estados, en particular al autónomo Estado Municipal por expresa disposición de la Constitución Provincial, compete al mismo la sanción de normas de las características bajo análisis (conf. art. 230 – inciso 4to., y Carta Orgánica Municipal art. 101) si así lo dispusiere el legislador.

 

            Que constituyen manifestaciones de autonomía municipal: a) El poder constituyente, o la facultad de darse su propia Carta Orgánica; b) El poder legislativo -reglamentos y ordenanzas-; c) El poder ejecutivo; d) El poder impositivo y financiero; e) El poder jurisdiccional, etc. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA. VIEDMA, RIO NEGRO Sala DE CAUSAS ORIGINARIAS (Echarren-Balladini-Maturana (Juez subrigante)) Apoderado del Partido Justicialista y otros s/ Amparo e Inconstitucionalidad s/ Competencia SENTENCIA del 4 de Mayo de 1999”.

 

            Que resulta imposible disuadir totalmente la posibilidad de alterar la sanción de una norma municipal, ya sea por el veto, ya sea por un fallo judicial.

 

            Que la interpretación  adecuada de la hermenéutica del Derecho Público Municipal, permitirá sancionar legítimamente una norma de las características propuestas, cuyo control de legalidad quedará “como en todos los casos” sujeto al Poder Jurisdiccional.

 

            “Nuestra Constitución Provincial, en consonancia con la Constitución Nacional reformada en el año 1994, ha sentado como premisa normativa de rango constitucional que los municipios gozan de plena autonomía, por lo que no caben dudas que -acotados en la vigencia a sus respectivos territorios- se encuentran facultados para establecer sus propias instituciones, con amplias atribuciones respecto del alcance mismo del régimen que se instaure. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA , RAWSON, CHUBUT (José Luis Pasutti Fernando Royer) C., A.M.C. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Ordinario SENTENCIA del 7 de Febrero de 2006”.

 

            “El concepto de autonomía política de los municipios ha sido expresamente reconocido con características especiales en las distintas Constituciones locales y legislación consecuente, donde se señala que constituye una esencial manifestación le la autonomía municipal el poder constituyente, o sea, la facultad de darse su  propia Carta Orgánica. El diseño del régimen municipal de cada Provincia deviene entonces en esencia de facultades no delegadas a la Nación y reconocidas por el mentado art. 5 de la Constitución Nacional. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA VIEDMA, RIO NEGRO  Sala 04 (LUTZ-BALLADINI-SODERO NIEVAS (SEGéN SU FUNDAMENTO: LUTZ: F0024347, F0024348, F0024349, F0024350, F0024351, F0024352, F0024353, F0024354, F0024355 Y F0024356) (OPINION PERSONAL: SODERO NIEVAS: F0024357, F0024358, F0024359, F0024360, F0024361, F0024362, F0024363, F0024364, F0024365, F0024366, F0024367, F0024368, F0024369, F0024370, F0024371, F0024372, F0024373, F0024374, F0024375, F0024376, F0024377, F0024378, F0024379, F0024380, F0024381, F0024382, F0024383, F0024384, F0024385, F0024386, F0024387, F0024388, F0024389, F0024390, F0024391, F0024392 y F0024393)) B. S. A. s/ MANDAMUS SENTENCIA del 17 de Marzo de 2005”.

 

            Que la sanción propuesta es legítima (conf. art. 230 – inciso 4to., y Carta Orgánica Municipal art. 101), y una eventual ilegalidad deberá ingresar en el campo de las interpretaciones frente a la colisión de derechos; ámbito al cual la Justicia resulta reticente de ingresar cuando la normativa atacada por los administrados es contundente en su voluntad política, y clara en su cualidad jurídica.

 

            Mi Dictamen. 

 

(fdo. Federico LUTZ, Asesor Letrado, CM MSCB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen 606/07 ALCM