Este lunes se realizó por videoconferencia la comisión de Economía que preside la concejal Claudia Torres (JSRN). En primer lugar, le dieron tratamiento al proyecto de ordenanza impulsado por el bloque FDT que propone exigir un “aporte especial” a aquellas empresas de comercio y servicios que posean su domicilio legal, sede central o asiento principal de sus actividades fuera del ejido de Bariloche pero que lleven adelante sus actividades en la ciudad.
Los ediles analizaron diferentes puntos de un documento reformulado que presentaron sus autores a partir de aportes de Asesoría Letrada y Contable del Concejo. Intercambiaron opiniones sobre algunos temas vinculados con los destinos del dinero recaudado y el tipo de comercio o empresa que debería desembolsar un determinado monto en caso de ser aprobado el proyecto.
La propuesta plantea la creación de un Fondo Fiduciario que está establecida en el artículo 136 de la Carta Orgánica Municipal para “atender las necesidades más urgentes”.
Propone destinar el dinero a “la realización de obras y/o mejoramiento de infraestructura en barrios donde habite la población destinataria” y a la adquisición de equipamientos necesarios para el desarrollo de actividades educativas, culturales, deportivas y/o recreativas.
Los concejales evaluaron la posibilidad de solicitar a la Secretaría de Hacienda municipal un informe sobre la cantidad de contribuyentes que facturen de manera anual más de $100.000.000 y cuyo domicilio legal esté fuera de la ciudad.
También analizaron pedir información relacionada a aquellos que realicen una actividad comercial en Bariloche pero facturen fuera de ella.
Luego, continuaron con el orden del día y trataron el proyecto de ordenanza del concejal Pablo Chamatropulos (POBAR), el cual impulsa beneficios para los propietarios de inmuebles de comercios, pymes y de viviendas familiares que sean objeto de alquiler.
La iniciativa plantea que quienes adhieran a esta ordenanza (si es aprobada) podrán ser eximidos de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) por un plazo máximo de seis meses si permiten a sus inquilinos postergar el pago mensual total de alquiler o de una parte.
Chamatrópulos explicó que la intención es lograr generar un incentivo para los propietarios con el objetivo de “llevar un beneficio a los inquilinos” en este contexto complejo por la pandemia Covid-19. Los ediles continuarán tratando ambos proyectos en próximas comisiones.