La iniciativa, que había sido presentada en noviembre de 2015 por el entonces Ejecutivo Municipal y no finalizó el recorrido legislativo, fue retomada por los concejales Ramón Chiocconi, Daniel Natapof y Ana Marks, tomando estado parlamentario en la sesión del jueves pasado.
El proyecto busca darle el marco normativo al servicio que ya se brinda desde 2013. Actualmente el Municipio cuenta con ocho miniresidencias para brindar protección integral, alojamiento y cuidado a los adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad socio económica. Incluye controles médicos periódicos, alimentación saludable, acompañamiento técnico y actividades recreativas.
El nuevo servicio comenzó en forma exitosa con la miniresidencia de las 270 Viviendas, y se impulsó ante una problemática relevada por la comuna y las organizaciones del sector: la falta de espacios públicos para la atención de adultos mayores en estado de vulnerabilidad social, que no tienen familia o red de apoyo, o que sus viviendas no se encuentran en condiciones adecuadas para alojarlos por requerir cuidados especiales permanentes o temporarios. Situación que, en algunos casos, derivaba en el traslado a otras ciudades, cortando los lazos familiares.
Se trata de un servicio gratuito de puertas abiertas, en el que los adultos mayores son libres de ingresar y retirarse de lugar por decisión propia en el momento en que lo requieran, además de recibir a sus familiares y amigos con el objetivo de fortalecer sus redes vinculares. Realizan sus propios acuerdos de convivencia con el apoyo del equipo de trabajo de la Dirección de Promoción Social (Promotora Comunitaria y Lic. en Psicología), los cuales evalúan y realizan el seguimiento constante a través del equipo de Cuidadores Domiciliarios.
Además, se promueven actividades de recreación e integración entre ellos y con otros grupos de adultos mayores, tales como salidas, paseos, miniturismo, participación en talleres productivos o de reflexión en la zona o donde ellos elijan.
Al presentar la iniciativa, los ediles consideraron que “se hace necesario contar con un marco legal que regule dicha prestación y tienda a garantizar y consolidar la prestación de un servicio demostrado necesario y efectivo”.
