En virtud del potencial del Turismo Aventura y de su relevancia, y bajo el contexto de que Bariloche fue declarada como Capital Nacional del Turismo Aventura (Ley 26.802), el Concejo Municipal aprobó hoy una ordenanza que crea un marco regulatorio para la actividad, con la idea de garantizar su control y ordenamiento y establecer normas de seguridad para las distintas disciplinas, protegiendo así a quienes las practican y a sus guías.
La iniciativa fue aprobada por la unanimidad de los ediles , luego de su análisis en la comisión de Turismo.
El proyecto fue elevado por los ediles Carlos Valeri, Diego Benítez y Alfredo Martín (FG) e involucra a las actividades turísticas recreativas que “impliquen la existencia de un riesgo controlado y se desarrolle en un ambiente natural”.
Así la ordenanza contempla al paracaidismo, aladeltismo, vuelos en ultralivianos, parapente, buceo, canotaje, kayakismo, navegación a vela, pesca deportiva, rafting, escalada, cabalgatas, trekking, caza deportiva, excursiones 4 x 4, rappel y tirolesa, stand up paddle observación de flora y fauna y mountain bike, entre otras, aunque en el futuro podrían incorporarse otras disciplinas.
“Este proyecto viene a sentar un precedente muy importante, ya que Bariloche no solo es la Capital Nacional del Turismo Aventura, sino que ahora cuenta con un registro y reglamento que ordenará dichas actividades” señaló Benítez, durante su alocución en la sesión ordinaria de la fecha.
“Los puntos claves del proyecto aprobado, son la exigencia a los prestadores de aportar información suficiente y de calidad al turista cuando accede a un servicio o contrato de Turismo Aventura, respetar y aplicar las medidas de seguridad acordes a cada actividad, la reglamentación conjunta con otras jurisdicciones sobre la materia como es el caso de Parques Nacionales, entre otros aspectos que serán materia de reglamentación y que seguramente seguiremos trabajando junto a las asociaciones y prestadores en la zona” mencionó.
Por último, el Concejal Benítez resalto que “este proyecto lleva a la práctica muchos de los nuevos conceptos y paradigmas que se establecieron en el nuevo Código Civil y Comercial en materia de relaciones de consumo, como el control de prácticas abusivas, acceso a la información y publicidad de cara al consumidor”
