En el articulado, afirmaron que “quienes desempeñan cargos públicos deben dar el ejemplo y demostración de un cabal apego al marco legal y Constitucional. Por lo tanto solicitamos al Sr. Ministro de Comunicaciones se comprometa a defender y hacer cumplir la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que es producto del más amplio debate tanto en el ámbito social, académico y del sector Audiovisual como en el Poder Legislativo Nacional”.
Los ediles fundamentaron que esta Ley tiene como finalidad garantizar la diversidad, la pluralidad, la libertad de expresión y acceso a la información como valores democráticos resguardados en nuestra Constitución Nacional. Y que su aspecto antimonopólico busca favorecer el desarrollo de medios comunitarios, escolares, universitarios, municipales y de Pueblos Originarios.
Comprendieron que el Decreto de Necesidad y Urgencia sobre la modificación de la Ley de Ministerios del 10 de diciembre y la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) “violentan todo el plexo de principios, valores y derechos del bloque de constitucionalidad argentino. Se afecta la forma representativa y republicana de gobierno proclamada por el artículo 1 de la Constitución Nacional, los principios de legalidad y razonabilidad expresamente reconocidos por los artículos 19 y 28 del mismo cuerpo y lleva como correlato la amenaza concreta del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información de todos los ciudadanos y ciudadanas”.