El Concejo Deliberante aprobó de manera unánime entre los ediles presentes un proyecto de ordenanza que modifica el Código de Edificación y cuya promulgación dará más celeridad a los trámites necesarios para el inicio de obras privadas en Bariloche.

La iniciativa actualiza la norma, sancionada en 1979, y la “aggiorna” a los tiempos actuales, dando mayor dinamismo y ejecutividad a la aprobación de los proyectos.

La iniciativa fue elaborada por los ediles María Eugenia Martini – ahora a cargo interinamente del Ejecutivo- Ramón Chiocconi y Alejandro Ramos Mejía, y contó con el acompañamiento del Colegio de Arquitectos, Consejos de Ingeniería y Agrimensura, Unidad Coordinadora y varias áreas municipales, además de haber sido planteado por dirigentes del sindicato que agrupa a los trabajadores de la construcción – UOCRA- quienes necesitan reducir el tiempo de tramitación para garantizar estabilidad laboral para sus agremiados.

Los cambios establecidos reducirán de manera significativa la incertidumbre previa a la aprobación de un proyecto, al orientar con claridad la gestión, predeterminando la totalidad de la documentación a la hora de presentar un proyecto de obra, tanto privada como pública.

La aprobación fue unánime, contando con el voto positivo de todos los concejales que participaron de la Sesión (a excepción de los ediles Diego Benitez y Carmen Giménez, quienes se ausentaron con aviso del encuentro legislativo).

Durante los testimonios previos a la votación, recordaron que una iniciativa similar fracasó en su tratamiento durante la gestión anterior, por lo que no se pudo implementar y las dificultades persistieron en el área de Obras Particulares del municipio.

El articulado establece un "sistema de registro con verificación y forma de tramitar, proyectar y ejecutar las obras" en el ejido de Bariloche. Privilegia la reducción de plazos y la incorporación de tecnología digital, lo cual permitirá liberar al personal para otras tareas.

Prevé además la creación de una "Comisión Interinstitucional de Gestión (CIG)", que tendrá la función de "monitorear la aplicación del reglamento" y estudiar eventuales cambios en la norma. La integrarán la secretaría de Desarrollo Estratégico y los colegios profesionales de arquitectos y de ingenieros.