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La presidenta del Concejo Municipal, Natalia Almonacid, y los titulares de bloques Carlos Sánchez y Puente, Julieta Wallace, Ariel Cárdenas y Gerardo del Río, dieron detalles sobre un hecho ocurrido en la sesión extraordinaria presencial desarrollada este jueves.
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En la sesión extraordinaria realizada este jueves y presidida por la concejal Natalia Almonacid (JSRN) fueron avalados dos proyectos de ordenanza impulsados por el Ejecutivo municipal que contemplan un conjunto de medidas para fortalecer las actividades económicas en la ciudad y hacer frente a la crisis por la pandemia del Covid-19.
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Este lunes se congregó por videoconferencia la comisión de Economía que preside la concejal Claudia Torres (JSRN). En la reunión, continuaron con el tratamiento del proyecto de ordenanza (Nº 0061-20) del edil Pablo Chamatropulos (POBAR), el cual impulsa beneficios para los propietarios de inmuebles de comercios, pymes y de viviendas familiares que sean objeto de alquiler.
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Este miércoles se realizó por videoconferencia la comisión legislativa que coordina la presidenta del Concejo Municipal, Natalia Almonacid (JSRN).
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Este viernes se reunió por videoconferencia la comisión de Obras y Planeamiento que preside el concejal Gerardo Ávila (JSRN). Los ediles continuaron con el tratamiento del proyecto 059/20 del bloque FDT y autoría ampliada en el reformulado al bloque BxC con el concejal Ariel Cárdenas. La iniciativa propone incluir en la ordenanza 2049-CM-10 un régimen para que obras públicas municipales de mejoramiento de infraestructura en barrios sean adjudicadas a cooperativas de trabajo de Bariloche bajo la modalidad de contratación directa, concurso de precios o licitación privada.
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Tres propuestas se analizaron este martes en la comisión virtual de Gobierno y Legales presidida por el concejal Carlos Sánchez y Puente (JSRN).
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La comisión de Economía que preside la concejal Claudia Torres (JSRN) se reunió este jueves por videoconferencia para continuar con el tratamiento del proyecto de ordenanza 0060-2020. La iniciativa plantea exigir una “contribución solidaria obligatoria” a determinadas empresas de comercio y servicios que posean su domicilio legal fuera del ejido de Bariloche pero que lleven adelante sus actividades en la ciudad.
