COMUNICACIÓN N.º 942-CM-18
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: SE COMUNICA PODER EJECUTIVO NACIONAL RECHAZO ACUERDO FMI. SE SOLICITA REMITA CONGRESO NACIONAL
ANTECEDENTES
Constitución Nacional.
Carta Orgánica Municipal.
Calcagno, Alfredo E. - Calcagno, Eric, La nueva deuda externa explicada a todos, Catálogos, Buenos Aires, 2006.
http://aduba.org.ar/wp-content/uploads/2016/07/Joseph-Stiglitz-El-Desendeudamiento-en Argentina.pdf.
https://www.pagina12.com.ar/120170-ajuste-xxl-para-un-rescate-al-desastre-economico.
http://www.infogremiales.com.ar/los-estatales-perdieron-18-del-poder-adquisitivo-desde-que-asumio-macri/.
http://chequeado.com/el-explicador/como-evoluciono-la-pobreza-con-cada-presidente/.
https://www.eldestapeweb.com/un-ajuste-feroz-y-el-precio-del-dolar-manos-del-campo-n44740.
http://www.diarioveloz.com/notas/185282-cuanto-dinero-perdieron-los-jubilados-el-cambio-la-movilidad-jubilatoria-segun-la-justicia.
Memorandúm de políticas Económicas y Financieras del 12 de junio de 2018.
FUNDAMENTOS
El 7 de junio el gobierno nacional anuncia la firma de un acuerdo stand by con el Fondo Monetario Nacional (FMI) de 50,000 millones de dólares, por 36 meses. Un acuerdo stand by es una serie de desembolsos condicionados al cumplimiento de compromisos que la Alianza Cambiemos acordó con este organismo y que implican la aceleración del ajuste fiscal y la puesta en marcha de un paquete de reformas en el esquema monetario y cambiario.
El primer tramo del endeudamiento por 15.000 millones ingresará a las cuentas públicas en dos semanas, pero el programa no establece cronograma para el resto de los fondos, sino que estos se irán desembolsando a medida que el FMI supervise el cumplimiento del plan económico que se le impuso a la Argentina.
El ajuste fiscal pactado equivale a 3,7% del PBI, lo que implica 19.300 millones de dólares o su equivalente, el que alcanzaría casi los 500.000 millones de pesos según el tipo de cambio vigente. Para lograr esto, el gobierno se comprometió a recortar el gasto en obra pública, achicar las transferencias a las provincias, continuar con la quita de subsidios, reducir las erogaciones salariales estatales y ajustar el sistema de la seguridad social. 1
Claramente no será una buena noticia para los trabajadores y trabajadoras. El compromiso de reducir las erogaciones salariales en un 0,2% anual tiene dos caminos posibles: despidos o un recorte brutal de salario real, sin mencionar el ajuste que ya se viene dando desde 2016 sobre el bolsillo de los trabajadores/as. Al respecto, según un trabajo realizado por la comisión interna de ATE en el INDEC, desde la asunción de Mauricio Macri hasta mayo de 2018, la pérdida real fue del 18% del poder adquisitivo2. Párrafo aparte merece el proyecto de reforma laboral que propone una flexibilización en las condiciones laborales y que, a la luz de los acontecimientos, es obvio que ya había sido pactado con Christine Lagarde, cuando visitó el país hace menos de un año.
Lo mismo ha ocurrido con la llamada "reforma previsional" que implicó en pocos meses una pérdida en la movilidad jubilatoria 8,79%, según la propia Sala III de la Cámara de la Seguridad Social, que falló a favor de la demanda de un jubilado3. Si bien, no declara inconstitucional la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, reconoce con este fallo que esta reforma ha redundado en una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas.
Asimismo, la carta de intención firmada con el FMI plantea textualmente "amortizar activos de los fondos de pensión" para pagar jubilaciones. Este condicionamiento permitirá la venta de acciones del FGS, que actualmente están en manos del ANSES, para el pago de jubilaciones ante el desfinanciamiento que viene sufriendo el sistema previsional producto del aumento del desempleo y de la baja de los salarios; vaciamiento que se profundizará en tanto el mismo texto prevé un recorte de ingresos y trabajadores/as del Estado Nacional.
En la misma línea, el ajuste se traslada a las provincias que experimentarán un retroceso acumulado del 74% que representa 0,7 puntos del PBI. Por lo cual, no solo se encuentran en riesgo los trabajadores del Estado Nacional, sino también las plantillas provinciales. No obstante, estos efectos se trasladan a los municipios que tendrán que afrontar las demandas sociales ante los recortes provinciales y nacionales.
Por otro lado, el gobierno se comprometió con el FMI a “sostener el ritmo de la baja de subsidios”, a pesar de que la devaluación y el precio internacional de los hidrocarburos empuja las tarifas fuertemente. Con un dólar a 25 pesos hay que agregar a los tarifazos previstos un 35% de aumento más en electricidad y un 50% más en gas. Más presión a la ciudadanía que ya, en muchos casos, no está pudiendo acceder a estos servicios básicos que son derechos humanos esenciales.
La inversión en obra pública sufrirá un recorte del 1,6% del PBI que implica una caída del 81% en términos reales. No obstante, en este escenario, el Ministro de Economía vaticina un crecimiento 0,4% y 1,4% para este año. Cabe preguntarse entonces, cuál es el plan para alcanzar este crecimiento cuando la obra pública y el consumo internos pasan de ser variables motoras de la economía, a ser variables de ajuste del endeudamiento.
En suma, lo que parece agravar aún más la situación de dependencia y pérdida de soberanía política y económica a la que están sometiendo al país con la firma de este acuerdo, es la evidencia de que el gobierno de Mauricio Macri no tiene un plan productivo. El único plan que se ha desplegado es el endeudamiento, sumado a que no ha tomando ninguna medida para garantizar que Argentina podrá afrontar los futuros vencimientos, por el contrario ha dado marcha atrás con las existentes.
Prueba de ello, es la desarticulación de todas las políticas orientadas a la generación de divisas. Ejemplos sobran: la eliminación progresiva de las retenciones a las exportaciones del campo y la quita de la obligación de liquidar la cosecha; el mismo beneficio para las multinacionales mineras; el blanqueo de capitales que no obliga a los evasores a dejar el dinero en el país; la quita de impuestos a bienes de lujo como el champagne o los autos de alta gama; la reducción del impuesto a los bienes personales que implicó además, devolución de dinero a contribuyentes.
Nada de esto puede comprenderse sino como una descomunal transferencia de recursos de los trabajadores/as pasivos y en actividad a los sectores concentrados del poder económico. Pero esto no termina aquí, ya que el FMI también exigió que el Banco Central no venda dólares al mercado. Según ellos, así habrá una flotación libre. El problema es que tal cosa no existe. Lo que llaman libre mercado es el poder del más grande. Y el gran proveedor de dólares del país es el campo. Así, sin la exigencia de liquidar la cosecha en un tiempo determinado y con el BCRA con las manos atadas, los grandes jugadores del sector podrán manejar la moneda a su antojo.4
Esta noticia sacudió por completo la memoria histórica de la ciudadanía. Con excepción de los sectores de la elite que conforma el poder económico en nuestro país, no hubo un solo/a ciudadano/a que no haya sufrido las consecuencias que ha tenido para la Argentina su vinculación con el FMI y sus condicionamientos, un profundo deterioro del tejido social en términos económicos, sociales y culturales y el retiro del Estado que desmanteló todas las redes de contención sobre todo para los sectores más vulnerados.
El inicio de este derrotero comenzó en 1975 cuando el gobierno de facto de la dictadura cívico-militar abrió paso al primer acuerdo con el FMI, generando una deuda externa que ascendía a la suma de 7800 millones de dólares. A fin del Proceso militar, en 1982, la deuda era de 44.000 millones de dólares. 5 Esto sin duda fue el principio de una serie de crisis cíclicas que ha llevado al país a la inestabilidad permanente: la Hiperinflación que Alfonsín no pudo controlar, seguida de el Plan de Convertibilidad de Cavallo, Ministro de Economía de Carlos Menem, hoy asesor presidencial, que nos llevó luego al "Blindaje" del año 2000 que implicó desembolsos por u$s 40.000 millones, y posteriormente el “Megacanje” por otros u$s 8.000 millones más, a cambio de la Ley de Déficit Cero y otros condicionamientos exactamente iguales a los que se firmaron en la actualidad.
La historia terminó en diciembre de 2001 con un default de u$s 144.000 millones, medidas que restringieron la extracción de dinero en efectivo (corralito) para frenar la fuga de los bancos y un estallido social. El gobierno de De la Rúa decidió declarar entonces el Estado de Sitio provocando, contrariamente a lo que se pretendía, masivas protestas. Todo este fatídico proceso culminó en la jornada del 20 de diciembre con varios ciudadanos muertos y cientos de heridos, debido a la feroz represión en Plaza de Mayo, la posterior renuncia y huida del presidente Fernando de la Rúa y la peor crisis institucional de la Argentina con cinco presidentes provisionales en los días posteriores.
No obstante, el saldo más gravoso de esta historia fueron los millones de argentinos/as sumidos/as en la pobreza absoluta, producto del desempleo, el congelamiento de los salarios y las jubilaciones, la destrucción de la industria nacional por el ingreso indiscriminado de importaciones y la baja del consumo interno, las devaluaciones que minaron el ya deteriorado poder adquisitivo de los/las que aún conservaban sus empleos. El actual horizonte no muestra un mejor pronóstico. No es posible imaginarse un final diferente cuando las recetas utilizadas son las mismas.
En mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner recibe el poder, el desempleo había llegado al 20 % y la pobreza había aumentado, alcanzando el 51,7% en el Gran Buenos Aires, según el INDEC que ese año comenzó a medir la pobreza en 31 aglomerados urbanos del país, donde llegaron a una tasa del 47,8 %.6. .En ese contexto, Kirchner asume la presidencia y se encamina hacia una política de desendeudamiento que, tras la re-negociación de la deuda pública en 2005 y la cancelación total de la histórica deuda de 50 años con el FMI, logró recuperar la independencia política y económica de la Argentina para la toma soberana de decisiones.
Este proceso fue elogiado a nivel mundial por economistas contra-hegemónicos de la talla del premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz7 y existe un abultado corpus académico de análisis desde varias disciplinas sobre los efectos del FMI sobre los países que aceptan sus condicionamientos.
Estas experiencias históricas de las negociaciones del FMI en Latinoamérica están ampliamente documentadas y revisando ese material, se concluye que éstas han derivado en la desaceleración de la industrialización, o desindustrialización en la mayoría de los casos, recesiones y crisis financieras. Sobran los ejemplos del fracaso de las "recetas" del Fondo Monetario Internacional, para todos los países que determinaron su política económica sobre la base de recomendaciones del organismo, no solo en Latinoamérica sino en el mundo. Grecia ha sido uno y actualmente se vive en Jordania masivas protestas por la crisis producto de las mismas políticas.
En conclusión, por todo lo expuesto manifestamos nuestro más enérgico rechazo al acuerdo firmado por el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional, y sus condicionamientos. No obstante y sin perjuicio de lo dicho, remarcamos que el artículo 75º inciso 4 de la Constitución Nacional establece de manera clara que corresponde al Congreso “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación", por lo cual exigimos al gobierno nacional que remita el acuerdo con el FMI para que sea analizado y debatido por el Poder Legislativo, tal cual lo manda nuestra Carta Magna.
AUTORES: Concejales Ana Marks, Ramón Chiocconi y Daniel Natapof (FPV).
El proyecto original N.º 883/18, con las modificaciones introducidas, fue aprobado en la sesión del día 5 de julio de 2018, según consta en el Acta N.º 1099/18. Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el Art. 38 de la Carta Orgánica Municipal,
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
SANCIONA CON CARÁCTER DE
COMUNICACIÓN
Art. 1°)
Se comunica al Poder Ejecutivo Nacional rechazo al acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que implica condicionamientos a la toma decisiones soberanas en materia de política económica.
Art. 2°)
Se comunica al Poder Ejecutivo Nacional, remita el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al Congreso de la Nación.
Art. 3°)
Comuníquese. Dése a publicidad. Cumplido, archívese.
1
https://www.pagina12.com.ar/120170-ajuste-xxl-para-un-rescate-al-desastre-económico.
2http://www.infogremiales.com.ar/los-estatales-perdieron-18-del-poder-adquisitivo-desde-que-asumio-macri/
3http://www.diarioveloz.com/notas/185282-cuanto-dinero-perdieron-los-jubilados-el-cambio-la-movilidad-jubilatoria-segun-la-justicia.
4https://www.eldestapeweb.com/un-ajuste-feroz-y-el-precio-del-dolar-manos-del-campo-n44740.
5Calcagno, Alfredo E. - CalcagnO, Eric, La nueva deuda externa explicada a todos, Catálogos, Buenos Aires, 2006.
6http://chequeado.com/el-explicador/como-evoluciono-la-pobreza-con-cada-presidente/.
7http://aduba.org.ar/wp-content/uploads/2016/07/Joseph-Stiglitz-El-Desendeudamiento-en-Argentina.pdf.
