DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: SE COMUNICA AL SENADO DE LA NACIÓN LA NECESIDAD DE TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY S-681/26
ANTECEDENTES
Constitución Nacional.
Ley nacional 24240: Defensa del Consumidor.
Ley nacional 24552: Ley de Concursos y Quiebras.
Ley nacional 25065: Tarjetas de Crédito.
Ley nacional 26167: Emergencia Pública.
Ley nacional 26994: Código Civil y Comercial de la Nación.
Proyecto de ley S 681-26: Establece el procedimiento administrativo para los consumidores endeudados y el proceso judicial para los consumidores sobrendeudados respecto a obligaciones originadas en operaciones financieras o de crédito para consumo nacional.
Constitución de la Provincia de Río Negro.
Carta Orgánica Municipal.
FUNDAMENTOS
La presente comunicación tiene por objeto solicitar al Senado de la Nación el pronto tratamiento y aprobación del proyecto de ley S-681/26, que establece un procedimiento administrativo destinado al saneamiento de los pasivos de consumidores endeudados y un proceso judicial para la reestructuración de los pasivos de consumidores sobrendeudados respecto de obligaciones originadas en operaciones financieras o de crédito para consumo.
El crecimiento sostenido del endeudamiento de los hogares argentinos constituye una problemática económica y social que requiere respuestas específicas por parte del Estado. En un contexto de pérdida del poder adquisitivo, dificultades para afrontar gastos cotidianos y creciente utilización del crédito para cubrir necesidades básicas, el endeudamiento ha dejado de constituir únicamente una herramienta para anticipar consumo o financiar inversiones y se ha transformado, para amplios sectores de la población, en un mecanismo de subsistencia.
El ordenamiento jurídico argentino reconoce una protección especial a consumidores y usuarios. El artículo 42° de la Constitución Nacional garantiza la protección de sus intereses económicos, el acceso a información adecuada y veraz, condiciones de trato equitativo y digno y la existencia de procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos. Asimismo, el artículo 75° inciso 19 encomienda al Congreso de la Nación legislar en procura del desarrollo humano y del progreso económico con justicia social.
Sin embargo, pese a la existencia de un amplio sistema de defensa del consumidor, persiste un vacío normativo respecto del tratamiento integral de las situaciones de endeudamiento y sobrendeudamiento familiar. La ley nacional 24522 de Concursos y Quiebras fue concebida fundamentalmente para abordar situaciones generales de insolvencia y no contempla un procedimiento específicamente diseñado desde los principios protectores del derecho del consumidor. Incluso el régimen de pequeños concursos mantiene una estructura que no responde adecuadamente a la realidad de personas y familias con escaso patrimonio cuyos pasivos provienen principalmente del financiamiento de su propia subsistencia.
El proyecto S-681/26 procura cubrir ese vacío mediante una respuesta diferenciada y gradual. Define como consumidor endeudado a quien destina el cuarenta por ciento o más de sus ingresos al cumplimiento de obligaciones financieras o de crédito para consumo, y como consumidor sobre endeudado a quien destina el sesenta por ciento o más. Asimismo, introduce el concepto de mínimo existencial, entendido como el conjunto de recursos indispensables para garantizar vivienda, alimentación, salud, educación, transporte básico y servicios esenciales, estableciendo que nunca podrá ser inferior a la canasta básica total correspondiente al grupo familiar.
Este concepto constituye uno de los aspectos centrales de la iniciativa: el pago de las deudas no puede producirse a costa de privar a una persona o a su familia de las condiciones materiales indispensables para una vida digna. Por ello, el proyecto incorpora entre sus principios rectores la protección del consumidor, la buena fe, la preservación del mínimo existencial, la gratuidad, la celeridad, el control de la abusividad contractual y de las prácticas de crédito irresponsable y la aplicación de la interpretación más favorable al consumidor.
Para quienes se encuentran en una situación de endeudamiento todavía susceptible de ser saneada, se crea una instancia administrativa de conciliación que permita determinar el verdadero monto y composición de las deudas y procurar un acuerdo con los acreedores antes de que la situación patrimonial se torne irrecuperable. Entre las alternativas previstas se encuentran la reducción o suspensión de intereses y multas, la condonación total o parcial de deuda, la extensión de los plazos, la unificación de obligaciones y la modificación de las condiciones de cumplimiento.
Frente a situaciones de sobrendeudamiento más severas, la iniciativa establece un procedimiento judicial especial orientado prioritariamente a la reestructuración y no a la liquidación del patrimonio. La apertura del proceso permite, entre otras medidas, suspender ejecuciones individuales, descuentos sobre haberes e intereses y evitar nuevas ejecuciones vinculadas con las obligaciones alcanzadas. Asimismo, dispone la suspensión de cortes de servicios públicos, medicina prepaga, establecimientos educativos y seguros por falta de pago, y protege expresamente la vivienda familiar única frente al desapoderamiento por deudas originadas en operaciones financieras o de crédito para consumo.
La propuesta parte además de una concepción fundamental, el sobrendeudamiento no puede ser atribuido únicamente a conductas individuales irresponsables. También deben analizarse las prácticas de quienes ofrecen crédito, particularmente cuando existe publicidad engañosa, promociones agresivas, intereses o gastos abusivos y otorgamiento de financiamiento sin una evaluación razonable de la capacidad real de pago. El proyecto permite al juez revisar estas circunstancias y reducir intereses, subordinar créditos o determinar la existencia de prácticas abusivas.
Esta perspectiva resulta especialmente necesaria frente a la creciente financiarización de la economía doméstica. Los propios fundamentos del proyecto señalan que el aumento del endeudamiento familiar se desarrolla en un escenario en el cual numerosas familias recurren al crédito para afrontar gastos corrientes y cancelar otras deudas, transformándolo en un sustituto insuficiente del ingreso. El crédito, en estos casos, deja de cumplir una función de ampliación del bienestar para convertirse en una estrategia de supervivencia que puede profundizar el círculo de endeudamiento.
La iniciativa también incorpora experiencias comparadas que reconocen el denominado derecho a una segunda oportunidad. Tanto la legislación española como la brasileña han avanzado en procedimientos destinados a reestructurar las deudas de personas físicas, preservar condiciones mínimas de subsistencia y permitir la rehabilitación económica del consumidor de buena fe, evitando que una situación de insolvencia determine su exclusión permanente del sistema económico.
Garantizar mecanismos de reestructuración de deuda no implica desconocer los derechos de los acreedores ni promover el incumplimiento de las obligaciones. Por el contrario, significa establecer procedimientos ordenados, transparentes y equilibrados que permitan compatibilizar el cumplimiento posible de las obligaciones con la protección de la dignidad de las personas, la vivienda familiar, los ingresos necesarios para subsistir y la posibilidad de reconstruir su situación económica.
En definitiva, el proyecto S-681/26 propone abordar una realidad que la legislación vigente no resuelve adecuadamente, evitando que una situación de sobrendeudamiento derive en lo que sus propios fundamentos califican como una “muerte civil financiera” de consumidores y familias.
Por todo lo expuesto, resulta necesario que el Senado de la Nación avance en el pronto tratamiento y aprobación de esta iniciativa, fortaleciendo la protección de consumidores y usuarios, garantizando procedimientos eficaces frente al sobrendeudamiento y preservando el derecho de las familias a condiciones materiales compatibles con una vida digna.
AUTORA: Concejala Roxana Ferreyra (Nos Une).
COLABORADORA: Eliana Romano.
El proyecto original N.º 744/26 fue aprobado en la sesión del día 5 de noviembre de 2026, según consta en el Acta N.º 1229/26. Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el Art. 38 de la Carta Orgánica Municipal,
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
SANCIONA CON CARÁCTER DE
COMUNICACIÓN
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Art. 1°) |
Se comunica al Senado de la Nación Argentina la necesidad de dar pronto tratamiento y aprobación al proyecto de ley S-681/26, que establece un procedimiento administrativo para el saneamiento de los pasivos de consumidores endeudados y un proceso judicial para la reestructuración de los pasivos de consumidores sobrendeudados respecto de obligaciones originadas en operaciones financieras o de crédito para consumo, garantizando la protección de sus derechos y la preservación de un mínimo existencial. |
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Art. 2°) |
Comuníquese. Dése a publicidad. Cumplido, archívese. |
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Libertad de información